Condena por falsificar la firma de un paciente en un CI

La Audiencia de Madrid ha confirmado la indemnización que deberá pagar un médico y su seguro a una paciente por falsificar su firma en un consentimiento informado. El tribunal también censura que no constara información verbal sobre los riesgos y alternativas en una cirugía de rodilla.

Diego Carrasco. Madrid | 21/06/2016 16:30

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena impuesta por un juzgado Civil a un cirujano y a su compañía aseguradora a indemnizar a una paciente con 47.291,26 euros, más los intereses legales, por manipular su firma en el documento del consentimiento informado (CI) y, además, por no haberle informado de manera verbal sobre los riesgos, alternativas y naturaleza en una artoplastia de rodilla. El tribunal subraya que ha resultado "plenamente acreditado que la firma que figura en el CI no es de la enferma", según el informe pericial elaborado por la Brigada de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Según la demanda interpuesta por Antonio Navarro, abogado que colabora con El Defensor del Paciente, en mayo de 2009, la reclamante se sometió a una cirugía de rodilla izquierda con prótesis total. Debido a las complicaciones que aparecieron durante el tratamiento rehabilitador, la enferma sufrió una fractura en meseta tibial interna no consolidada y causada por un aflojamiento protésico. Al parecer se trataba de una complicación frecuente en la evolución de las prótesis.

Como antecedente consta que en 2008 la paciente fue intervenida en una clínica privada de la rodilla derecha con prótesis total por el mismo cirujano, pues presentaba una gonartrosis evolucionada que le impedía andar. La demandante denunciaba que no había sido informada verbalmente de los riesgos, complicaciones, secuelas y posibles alternativas.

El tribunal considera que en este caso se ha producido un daño corporal y otro moral. El primero porque tras la operación se agravó la invalidez que "presumiblemente" se alcanzaría más adelante, pues la cirugía pretendía retrasarla y aminorarla. El daño moral se produjo por la falta de información. Y es que lo que parecía una intervención paliativa y conservativa rápida, desencadenó en una notable agravación de su ya delicada situación.

La audiencia provincial madrileña recuerda que el CI es "presupuesto y elemento esencial de lalex artis y como tal forma parte de toda actuación asistencial", constituyendo una exigencia ética y legalmente exigible a los todos los médicos.

El fallo apunta que no puede admitirse la tesis del médico que dijo que la paciente ya conocía los riesgos de la operación por haberse sometido en 2008 a la misma intervención en la otra rodilla. Sin embargo, el tribunal resalta que no fue informada de un modo adecuado de sus riesgos y complicaciones ni había documento alguno de CI. Ello hizo pensar a la reclamante, añade la sentencia, que no existían riesgos cuando decidió operarse en 2009, siendo una de las complicaciones la aparición de una fractura como así sucedió.

En el juicio de instancia el abogado de la paciente preguntó a su hija si
la firma que aparecía en el CI era la de su madre. La testigo contestó que "no porque su madre es analfabeta y no sabe leer ni escribir. Lo único que utiliza es el dibujo de una firma" para rubricar algunos documentos. De ahí que el informe pericial de la Policía concluyera que la firma del CI que presentó el acusado era una imitación de la rúbrica de la enferma. Este extremo ha sido avalado por la Audiencia de Madrid.