La Consejería de Sanidad Pública y Salud Universal ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción un total de 4.713 facturas del Consorcio Hospital Universitario de Castellón por unas "irregularidades" que supondrían en total casi 25 millones de euros.
Estas facturas, que corresponden al periodo 2006-2014, afectan a dos empresas (Piaf y Telecso -con lazos familiares entre ellas-) y, según la consejera Carmen Montón, "son de servicio de mantenimiento y reparación, pero algunas de ellas no tienen expediente de contratación, otras superan los contratado y otras son de obra nueva. Además, tenemos facturas por trabajos que no tenemos constancia que se hayan realizado y no tienen ningún informe justificativo".
- Hay casi 5.000 facturas en el punto de mira de la Fiscalía por valor de 25 millones de euros
En palabras de Montón, "según nos trasladan nuestros técnicos, estos hechos suponen una clara trasgresión del procedimiento de contratación pública y de la Ley de Hacienda Pública, entre otras". Además, ha incidido, se han trasmitido porque "podría ser hechos constitutivos de algunos delitos", aunque no ha especificado cuáles.
Desglosando las cifras, según la consejera, existen facturas de la empresa Piaf -investigada en la trama Gürtel- que superan "en al menos 12 millones los importes contemplados en los expedientes de contratación". Además, otros 12 millones carecen directamente de expediente de contratación (5,5 millones de Piaf y 6,5 de Telecso).
Montón ha asegurado que "no vamos a consentir irregularidades en el uso del dinero público", además de hace hincapié en que "ésta es la sanidad que nos ha dejado el PP....de recortes y corrupción". En contraste, su actual equipo "está recuperando la sanidad pública valenciana".
Montón ha expuesto que estas irregularidades han surgido al realizarse las auditorías del centro con el cambio de gobierno autonómico y analizar los datos de 2014, señalando además que "nuestra investigación no ha concluido" y sin descartar que existen más irregularidades anteriores a 2006. Por ello, ha solicitado al gerente del Consorcio "que custodie con celo toda la documentación de transmitida a Fiscalía, pero también la anterior".
En relación a si esta situación puede tener relación con la financiación irregular del PP, ha señalado que "eso lo tiene que determinar la Fiscalía". No obstante, ha insistido en que el patronato, encabeza como presidente por el consejero de Sanidad de turno y como vicepresidente, el presidente de la Diputación de Castellón, "son los que han aparado las cuentas en ese periodo".
En la práctica, ello supone que en ese periodo concreto tuvieron responsabilidad cinco consejeros del PP (Vicente Rambla, Rafael Blasco, Manuel Cervera, Luis Rosado y Manuel Llombart) y dos presidentes de la Diputación de Castellón (Carlos Fabra y Javier Moliner). Montón ha señalado que se va a reunir en breve el Patronato del Consorcio para analizar y atajar esta situación, sobre todo porque ambas empresas siguen "activa", aunque no disponía del dato si ambas empresas siguen colaborando con el centro.
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