domingo, 24 de julio de 2016

El Consejo de Estado recomienda que el decreto de gestión clínica sea ley - DiarioMedico.com

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TENDRÁ QUE ENCARGARSE EL PRÓXIMO GOBIERNO

El Consejo de Estado recomienda que el decreto de gestión clínica sea ley

El Consejo de Estado ha recomendado al Ministerio de Sanidad que la norma sobre las unidades de gestión clínica debe tener rango de ley y no de real decreto, por lo que el proyecto tendrá que ser retomado por el próximo Gobierno.
Nuria Monsó. Madrid   |  22/07/2016 11:36
 
 

El Consejo de Estado considera que una norma nacional sobre las unidades de gestión clínica ha de tener carácter de ley ordinaria, según ha confirmado a DM el Ministerio de Sanidad. Ésta es la principal conclusión del Consejo de Estado seis meses después de recibir el proyecto de real decreto. Además, el órgano asesor "ha dictaminado que un Gobierno en funciones no ha de ser el que impulse una ley de este tipo, por lo que tendrá que ser el próximo ejecutivo el que aborde esta regulación".

Dicha norma, tramitada como real decreto, pretendía ser un marco de principios generales de ámbito nacional para la implantación de dichas unidades, cuyo desarrollo dependía en última instancia de las autonomías. Además, forma parte de uno de los compromisos contenidos en el pacto entre Sanidad y el Foro de la Profesión Médica firmado en 2013.

Fuentes de dicho ministerio señalan que "el Consejo de Estado, al igual que el Gobierno, da una gran importancia al impacto estructural positivo que pueden suponer las unidades de gestión Clínica en todo el SNS. Por ello, recomienda en su dictamen que su regulación debe ser de mayor alcance y mayor rango que el que supone una norma reglamentaria, como es el caso de un real decreto". 

El Consejo ha indicado que lo más apropiado sería una Ley ordinaria: "De esta manera, la medida contaría con el apoyo y el necesario consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, resultando ser así el mejor instrumento normativo para regular tan importante herramienta de gestión en los servicios sanitarios", indican desde el Ministerio.

En cuanto al contenido de la norma, las mismas fuentes señalan que las puntualizaciones del Consejo al decreto "se limitan a su rango normativo", sin entrar en el fondo. Según este proyecto, las unidades no tendrían personalidad jurídica propia y la integración del personal sería voluntaria. Además, los profesionales trabajarían según una serie de objetivos individuales y globales de la unidad, y podrían acceder a incentivos económicos en función de su cumplimiento.
Durante su elaboración y tramitación, el proyecto ha sido muy contestado en el sector, tanto por parte de las comunidades autónomas como de profesionales y sindicatos. En cuanto a las primeras, aunque el Consejo Interterritorial llegó a dar el visto bueno a la tramitación de la norma sin contar con un borrador como tal -sólo se enunciaron principios generales-, posteriormentevarias manifestaron que el texto suponía una invasión de sus competencias. Hay que recordar que comunidades como Andalucía, Asturias, Castilla y León y País Vasco ya tienen constituidas UGC en sus centros, que tendrían que haberse adaptado a lo estipulado en el decreto. En concreto, Navarra, País Vasco y Andalucía presentaron alegaciones de manera formal.
El propio Foro de la Profesión también manifestó su descontento con el primer borrador del decreto, presentado en mayo, ya que consideraba que el Ministerio no había respetado una serie de principios pactados previamente con la Administración: quería que se dejara claro que la selección de los directores de la unidad se haría por concurso y que los objetivos no se vincularían al ahorro económico. Además, también insistió en que las unidades de carácter asistencial deberían estar lideradas por facultativos. Finalmente, en noviembre Foro y Sanidadllegaron a un nuevo acuerdo, incluyendo las demandas de los médicos.
UGT, CCOO y CSI-F también criticaron el proyecto, no sólo por el contenido, sino por las formas: defienden que la norma no se negoció previamente con las centrales y que sólo se las incluyó en la fase de alegaciones cuando presentaron una queja ante el Ministerio. CIG-Salud también presentó alegaciones a la norma.

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