Más de 10.000 personas se han acogido en Valencia al decreto de sanidad universal

Más de 10.000 personas se han acogido al decreto valenciano que reinstauró la sanidad universal hace ahora un año. La autonomía se muestra confiada en la legalidad del decreto pese a la sentencia del Constitucional que refrenda el derecho del Gobierno central a excluir de sanidad gratuita a los inmigrantes en situación irregular.

Enrique Mezquita | Valencia | 25/07/2016 12:53

La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, (en el centro), flaqueada por representantes de organizaciones sanitarias que han apoyado la iniciativa de sanidad universal. (Enrique Mezquita)

Un total de 10.342 personas se han beneficiado en el primer año desde la aprobación del Decreto Ley 3/2015 del Gobierno valenciano que reinstauró la atención sanitaria universal en la Comunidad Valenciana, según datos facilitados por la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, en rueda de prensa.

De forma pormenorizada, el 56 por ciento de las tramitaciones corresponden a mujeres y el 44 por ciento restante a hombres y la edad media más habitual se sitúa en la franja de 25-40 años. Por provincias, 6.285 corresponden a la de Valencia, 3.191 a la de Alicante y 886 a la de Castellón. Del total, el 90 por ciento proceden de países que no pertenecen a la Unión Europea. Los países más frecuentes son Honduras (1025 personas), Marruecos (941), Colombia (672), Ucrania (585), Bolivia (516), Venezuela (500), Rumanía (465), Paraguay (453), Rusia (406), Senegal (354), Argentina (353), Argelia (335), Nigeria (316), Brasil (311) y Pakistán (285), entre otros.

El 90 por ciento de los que se han acogido al decreto de sanidad universal no pertenecen a la UE

Montón se ha felicitado por este aniversario, recordando que fue "el primer decreto firmado por el presidente Ximo Puig y solo unas semanas después de constituirse el nuevo Gobierno valenciano", en sintonía con la voluntad de "recuperar derechos arrebatados". Aprovechando esta efeméride, la consejera ha anunciado que, en colaboración con organismos e instituciones que participan de esta iniciativa, se lanzará una nueva campaña para recordar este derecho a través de la distribución de carteles en los centros sanitarios y locutorios de las tres provincias con mensajes en rumano, inglés, árabe y chino, además de castellano y valenciano.

Consecuencias de la sentencia del TC
Montón y María José Moya, del Instituto Médico Valenciano (IMV) y en representación de Odusalud, que agrupa a 84 entidades en defensa de la sanidad universal, han reclamado al futuro gobierno la derogación del RD 16/2012. Respecto a la respuesta del Tribunal Constitucional al recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra el mismo, Montón hecho hincapié en que "son dos casos distintos: en éste, el Parlamento de Navarra interpuso recurso contra el central; en nuestro caso, es al contrario, el Gobierno central intentó paralizar nuestro decreto y el Constitucional levantó la suspensión".

En su opinión, "tenemos que leer en profundidad la sentencia, ya que hemos podido conocerla a través de los medios de comunicación y diversas interpretaciones", matizando que en cualquier caso, "estamos tranquilos porque tenemos el aval del propio Constitucional para seguir adelante con nuestro decreto y, además, el amparo y la voluntad del Gobierno y las instituciones". Montón ha comentado que "la asistencia sanitaria integral en la región es innegociable" por "cuestiones jurídicas, de salud pública y ética de gobierno".

El Gobierno valenciano advierte de que la sentencia del TC declara constitucional el RDL 16/2012 pero no obliga a mantenerlo

Además, ha recordado el aval de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera que la cobertura sanitaria universal es la máxima expresión de igualdad y justicia, y clave para los nuevos retos sanitarios. Por su parte, Moya ha comentado que el Constitucional señala que el RD "no es inconstitucional", pero no significa necesariamente que "se tenga que mantener".

En este sentido, "no soy jurista y no he analizado en profundidad la sentencia, pero creo que en el RD no hay no hay datos objetivos ni una cuantificación de cuánto afecta a la sostenibilidad del sistema" la propia asistencia universal.