Sí se puede…rectificar públicamente

El autor apela a un ejercicio de higiene democrática a todos aquellos que bajo la excusa de la denuncia de la corrupción han condenado en el ágora a priori a personas e instituciones por cuestiones que eran indiciarias y que finalmente han acabado en nada en los tribunales de justicia. Por ello, hay que rectificar y pedir disculpas públicamente para restituir el honor vulnerado.

Francesc José María. Abogado y exdirector gerente del Instituto Catalán de la Salud | 22/09/2016 19:02

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas en las actuaciones previas número 5/2016, incoadas a raíz del Informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas 7/2015 en relación a supuestas irregularidades cometidas por el Consorcio Mar Parque de Salud de Barcelona, ha dictado una Acta de Liquidación Provisional por la que determina que los hechos valorados por la Sindicatura en su informe "no son susceptibles de generar un presunto alcance contable de los fondos públicos"; es decir, que no se ha cometido ningún ilícito contable y, por descontado, ningún ilícito penal.

La presentación del referido informe en la Comisión de la Sindicatura del Parlamento de Cataluña motivó unas declaraciones del líder podemita y diputado Sr. Fachín sobre falta de rigor en las adjudicaciones de los contratos achacando la culpa a la autonomía de gestión de los centros sanitarios del sistema público catalán, de las que se hizo eco Diario Médico en su edición de 16 de abril, que suscitaron una réplica por mi parte en la tribuna de opinión de la edición digital de este periódico con el título de No es la autonomía de gestión Sr. Diputado, no es eso.

Esta acta de liquidación exculpatoria sigue la senda de tantas otras, por poner un ejemplo la reciente de fecha 27 de julio que afectaba al Consorcio Sanitario Integral, en la que, en relación con la financiación de las obras de construcción del Hospital Moisés Broggi, el delegado instructor decretó que los supuestos constitutivos de responsabilidad contable por alcance ni tan siquiera existían: "Por lo que al estar ante una situación de inexistencia de supuestos constitutivos de alcance, no cabe hacer pronunciamiento alguno con respecto a las presuntas responsabilidades".

Políticos, determinados movimientos sociales (mareas) y algunos medios que utilizan métodos ajenos al periodismo, se han servido reiteradamente de los informes de los órganos de fiscalización y control, obviando la prudencia de la mayoría de ellos al señalar irregularidades de las que presuntamente se pueden derivar responsabilidades para los administradores y gestores de las entidades públicas, de forma torticera sometiendo a escarnio público a personas e instituciones dañando gravemente su reputación, con absoluto desprecio a la presunción de inocencia. Amparándose unos en su impunidad parlamentaria y otros en una pretendida libertad de información ponen de manifiesto sólo aquello que conviene a sus intereses y posicionamientos preconcebidos y solicitan destituciones y castigos ejemplares para aquellos a quienes acusan de corruptos sin serlo la mayoría de las veces.

Ahora bien, cuando el Tribunal de Cuentas o los tribunales penales dictaminan que no ha existido ningún tipo de responsabilidad, la autocrítica de los cruzados anticorrupción, como nuestro ilustre diputado Sr. Fachín, brilla por su ausencia. A ellos les digo que sí se puede y se debe rectificar públicamente.

Sería un ejercicio de higiene democrática que todos aquellos que bajo la excusa de la denuncia de la corrupción han condenado en el ágora a priori a personas e instituciones tomando como base situaciones que eran meramente indiciarias y que finalmente han acabado en nada en los tribunales de justicia, demuestren tener suficiente altura intelectual y moral y rectificando públicamente reconozcan su error y restituyan el honor y la reputación de las personas e instituciones que lo hayan visto vulnerado con sus declaraciones y publicaciones.

Con actuaciones como las que se han expuesto estos políticos y medios, algunos por no decir los más desde posiciones pretendidamente de izquierdas, han contribuido a crear en el imaginario popular la falsa imagen de que la sanidad, la catalana en lo que a mi concierne, es un nido de corrupción y sus administradores y gestores unos corruptos incorregibles y además han actuado, consciente o inconscientemente, de altavoces de personajes como el director de la Oficina Antifraude de Cataluña y el Ministro del Interior que se vanagloriaban no hace mucho de haber "destrozado el sistema sanitario catalán" en base precisamente a generar lo que luego se ha demostrado que eran falsos supuestos de corrupción con alta repercusión político-mediática para conseguir que los ciudadanos desconfiasen de su sistema de salud y de sus responsables.

Francesc José María. Abogado y exdirector gerente del Instituto Catalán de la Salud