Médicos del Mundo denuncia desigualdades de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

Un estudio elaborado por Médicos del Mundo junto a una docena de organizaciones muestra desigualdades de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en España, tanto entre autonomías como entre determinados colectivos.

L.G.I. | 03/11/2016 13:40

Médicos del Mundo ha hecho público este jueves un extenso estudio sobre las inequidades y dificultades de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en España que muestra que los recortes acometidos durante la crisis han negado el acceso a servicios como la reproducción humana asistida o el aborto a determinados colectivos como las inmigrantes sin papeles y han generado mayores desigualdades entre autonomías. Además, se habrían dejado de financiar ciertos fármacos y productos que podrían generar un repunto de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual, además de dificultar el acceso a las técnicas de reproducción humana.

Concretamente, el estudio señala que el cambio legal acometido en el RDL 16/2012 implica que las inmigrantes en situación irregular sólo tendrán la posibilidad de ser atendidas "si se embarazan o si se ven afectadas por una dolencia que se considere urgente". Además, "desde 2013, algunos anticonceptivos hormonales de última generación han dejado de estar cubiertos por la financiación pública de medicamentos, añadiendo una carga económica a cerca de un millón de mujeres".

Asimismo, respecto a las técnicas de reproducción humana asistida "se han establecido criterios de prioridad al margen de la ley, favoreciendo a las mujeres con mejor salud, menor edad o quienes tienen problemas relacionados con la capacidad reproductiva". Según los firmantes del estudio "ante esta situación es necesario actualizar el marco legal existente -tanto la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida como el catálogo de prestaciones del SNS- para homogeneizar los criterios en todas las comunidades autónomas, eliminar las cláusulas restrictivas del marco legal estatal y aumentar la oferta de centros públicos en donde se realicen tratamientos de fertilidad". El informe reclama también que se reconozca "la maternidad en la donación de gametos de la madre que cede los óvulos, así como reconocer la filiación compartida de las parejas de mujeres no casadas.

Por otra parte, el informe resalta que "existen importantes limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos, serias deficiencias en los servicios sanitarios que asesoran y prescriben dichos métodos e inequidad en función de la región de residencia". Asimismo, se denuncia que "se han reducido los anticonceptivos financiados por el SNS, en un contexto en el que la cuarta parte de las mujeres de 15 a 49 años no usa ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual". Y se advierte de que "en cuanto a la anticoncepción de urgencia, las intenciones del Gobierno actual de limitar el acceso a las píldoras anticonceptivas de urgencia sacándolas de la libre dispensación choca con la realidad de los estudios: ni las españolas abusan de la píldora del día después, ni el fármaco causa reacciones adversas que no estén controladas".

El estudio critica también las inequidades territoriales en el acceso a determinadas prestaciones, como la interrupción voluntaria del embarazo. Sobre esta cuestión, "se ha endurecido el acceso para las jóvenes de 16 y 17 años, a pesar del reducido número de menores que recurre a ella y a pesar también de que la Ley del Paciente fija en 16 años la autonomía para el consentimiento informado en una intervención quirúrgica". Además, "tampoco las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular pueden interrumpir su gestación ni recibir planificación familiar dentro del sistema público nacional".

A este problema, las organizaciones firmantes del estudio añaden "la falta de regulación de la objeción de conciencia y la disparidad entre comunidades autónomas en cuanto a la información y atención que se proporciona a las mujeres", que están provocando "importantes barreras para acceder" a los abortos. De hecho, según el estudio "en cuatro autonomías -Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia- no se realizó ningún aborto dentro del sistema público y fueron todos derivados a centros privados acreditados y concertados, incluidas clínicas ubicadas fuera de la ciudad e incluso de la comunidad de residencia.

Finalmente, sobre la reproducción humana asistida, el estudio critica que el cambio acometido en 2014 que limita la financiación de estos tratamientos a las personas que no consigan el embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos", supone "la exclusión de facto de las parejas de mujeres de este servicios".