EN RESPUESTA A UN RECURSO DE ASTURIAS
El TC declara inconstitucional la 'estatutarización' forzosa
El Tribunal Constitucional ha admitido parcialmente un recurso presentado en 2012 por el Gobierno de Asturias y ha declarado inconstitucional la estatutarización forzosa de profesionales sanitarios. El Constitucional arguye que invade competencias autonómicas.
Redacción. Madrid | 04/01/2017 11:37
Fachada de la sede central del Tribunal Constitucional. (El Mundo)
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido parcialmente el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno del Principado de Asturias presentó en julio de 2012 contra un artículo del Real Decreto-ley de Medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario (el Real Decreto-ley 16/2012), aprobado ese año por el Ejecutivo central. En concreto, se declara inconstitucional el apartado que obliga al Principado a adscribir a médicos, matronas y practicantes a órganos administrativos que no pertenezcan a instituciones sanitarias públicas.
En la sentencia del TC se considera que este aspecto, recogido en el artículo 2 de la disposición adicional decimosexta del decreto, incurre en vulneración del marco competencial.
Según estipulaba la norma nacional, los médicos, matronas y practicantes de los servicios sanitarios locales y el resto del personal funcionario de las instituciones sanitarias públicas disponían hasta el 31 de diciembre de 2013 para integrarse como estatutarios en los servicios de salud. En caso contrario, la disposición declarada ahora inconstitucional estipulaba que la Administración autonómica debería adscribirlos a órganos que no pertenecieran a instituciones sanitarias.
El Consejo Consultivo del Gobierno asturiano dictaminó en su día la existencia de "fundamentos jurídicos suficientes" para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
Sentencia previa
El pasado diciembre, el Tribunal Constitucional también declaró nula la estatutarización forzosa de los médicos APD y de cupo y zona, que también se recogía en el Real Decreto-ley 16/2012, y lo hizo argumentando que suponía una invasión de las competencias autonómicas.
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