Los tribunales y un permanente bloqueo parlamentario marcan la política sanitaria de 2016

Jorge Sánchez Franco | 02 - Enero - 2017 15:30 h.

Si las urnas marcaron la política sanitaria en 2015, el año que acaba de dejarnos ha estado dominado por un permanente bloqueo político que ha traído consigo, entre otras cosas, un relevo “en funciones” de dos ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Alfonso Alonso renunciaba al cargo en agosto (llevaba en el puesto desde diciembre de 2014) para ser candidato por el Partido Popular (PP) en las elecciones autonómicas del País Vasco. Su cartera ministerial era asumida, de forma momentánea, por la también ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Ya en noviembre, la catalana Dolors Montserrat era quien finalmente pasaba a formar parte del nuevo Consejo de Ministros de Mariano Rajoy como ministra del ramo. Poco tiempo después empezaría a conformar su equipo ministerial, aunque con pocos cambios: nombraba secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad a Mariano Garcés y ratificaba a José Javier Castrodeza como secretario general de Sanidad y Consumo.

Por su parte, Luis de Guindos volvía a ser ministro de Economía y Competitividad, pero con un poderoso añadido: la cartera de Industria que había tenido que abandonar su amigo José Manuel Soria pocos meses antes. Posteriormente, Carmen Vela era ratificada en su cargo de secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, que ocupa desde diciembre de 2011. Entre los retos que tendrá que afrontar se encuentra la reforma de la Agencia Estatal de Investigación, la consecución de un pacto en I+D+i y la situación de los jóvenes investigadores que se marchan a trabajar al extranjero.

El desbloqueo político llegaba de la mano del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tras una grave crisis interna que acabaría propiciando la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del partido y su inmediata sustitución por una comisión gestora “temporal” encabezada por Javier Fernández, presidente de Asturias. A finales del mes de octubre, un PSOE fracturado aprobaba hacer presidente a Mariano Rajoy por 139 votos a favor y 96 en contra. Con todo esto, el tercer intento de investidura del candidato del PP acababa cuajando con 170 votos a favor (los de los diputados del PP, los de Ciudadanos y el de Coalición Canaria) y la abstención de 68 diputados del PSOE, más 111 votos en contra. Un total de 15 diputados socialistas votaban ‘no’, contradiciendo así el mandato de su comité federal.

El PP vuelve a ganar las elecciones generales

La crisis interna de los socialistas se había debido fundamentalmente al miedo generalizado a unas terceras elecciones generales, que poco o nada iban a cambiar los resultados electorales obtenidos en las celebradas en junio. En estos comicios, el PP no solo había vuelto a ganar, sino que además había incrementado su número de diputados (de 123 a 137), en detrimento del PSOE y de Ciudadanos (C’s). Sólo Unidos Podemos había mejorado sus resultados con respecto a las generales de diciembre de 2015, pasando de 69 a 71 escaños. Con todo esto, la conformación de un gobierno alternativo de izquierdas se convertía en algo más que una quimera.

En este 2016 de bloqueo político, numerosas organizaciones sanitarias han mostrado su preocupación por la parálisis en el sector de la salud. Es el caso, por ejemplo, del Foro de la Profesión Médica, cuyo portavoz, el doctor Francisco Miralles (secretario general del sindicato CESM), aseguraba que traería consecuencias. “La situación electoral en la que nos encontramos inmersos ha expulsado a la Sanidad de los discursos y debates electorales, lo que invita a pensar que no interesa a los políticos cuando, en realidad, es una de las máximas preocupaciones tanto de los ciudadanos como de los profesionales que trabajamos en ella”, apuntaba. También decía sentirse ignorado por el Ministerio de Sanidad al no haber obtenido respuesta alguna a la petición efectuada a Fátima Báñez para mantener un encuentro y plantearle las principales preocupaciones de la profesión médica. Por lo demás, este organismo seguía defendiendo y reivindicando el desarrollo de los acuerdos firmados en 2013 en La Moncloa.

Los ciudadanos españoles también mostraban su inquietud respecto a la situación del sistema público de salud en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) elaborada justo después de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y en la misma semana del anuncio de su nuevo gabinete, ministra de Sanidad incluida. De hecho, esta preocupación alcanzaba un nuevo ‘techo histórico’, afectando al 13,6 por ciento de los españoles. Esta cifra no había parado de crecer desde el mes de septiembre. La cima anterior se había registrado en octubre de 2013, con un 13,4 por ciento.

En este contexto y en su primera comparecencia pública, la nueva ministra de Sanidad prometía que la legislatura será de "diálogo y consenso político y social" con los profesionales sanitarios para modernizar el sistema sanitario, pero sin dejar atrás a los médicos jóvenes. Montserrat lanzaba un mensaje a los facultativos: "Estoy a vuestro lado para escucharos y ayudaros; encontrar soluciones y definir el médico del futuro", y añadía que “se debe escuchar y sumar para garantizar un servicio de calidad”. También reconocía que la crisis había obligado al Gobierno a tomar decisiones "muy dolorosas", pero necesarias para garantizar los servicios sanitarios, si bien “ahora la situación ha cambiado y está en deuda con los profesionales sanitarios, cuya vocación y entrega han sido claves para mantener el servicio”. Por último, destacaba que se han logrado buenos resultados en salud gracias a "sumar esfuerzos entre todos", razón por la que agradecía la colaboración leal y sincera con el Ministerio, y llamaba a trabajar en equipo para conseguir mejores resultados.

Montserrat hacía esta declaración de intenciones en el III Congreso de la Profesión Médica de Cataluña, bajo la atenta mirada de otro catalán: Toni Comín. Licenciado en Filosofía y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), había sido nombrado consejero de Salud de Cataluña nada más comenzar el año, y en el marco de la formación de un Gobierno autonómico que se proponía como principal objetivo el de la independencia de Cataluña. Comín sucedía en el cargo a Boi Ruiz (2010-2016) y se convertía en el primer responsable no sanitario del Departament de Salut en democracia.

Poco después, a mediados de diciembre, Montserrat recibía en el Ministerio a los representantes de CESM, quienes le exponían las principales demandas de la profesión. La impresión general del sindicato tras el encuentro era positiva, al considerar que la ministra se había mostrado bastante receptiva a los planteamientos expuestos y a defenderlos ante los diversos departamentos gubernamentales implicados en su solución, como los ministerios de Hacienda y Empleo. Se trataban cuestiones tales como la financiación del SNS, la gestión clínica, la jornada, la recuperación de recortes retributivos o la jubilación, y la ministra anunciaba su intención de convocar el Foro de las Profesiones Sanitarias en enero de 2017.

Declaración de intenciones de Dolors Montserrat

Montserrat se despedía del 2016 compareciendo por primera vez en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad del Congreso de los Diputados, presidida por el socialista Patxi López, donde dejaba claras sus prioridades para la legislatura. La ministra anunciaba que promoverá un plan para reducir las listas de espera en el SNS, al tiempo que buscará mejorar las condiciones formativas y laborales de los profesionales del sistema sanitario. Colaborar con las autonomías para consensuar criterios homogéneos para la valoración de méritos en los procesos de movilidad y avanzar en la formación continuada, las áreas de capacitación específicas y distintas especialidades, son dos de sus prioridades. El Ministerio también anunciaba que trabajará para reducir la temporalidad en el empleo y para que el nuevo sistema de financiación autonómica beneficie al SNS.

La titular de Sanidad defendía la necesidad de implantar un nuevo modelo sociosanitario que esté “centrado en la persona y donde la coordinación sea un factor estratégico” para la sostenibilidad de ambos sistemas, y que incluya la elaboración de un “mapa” que recoja todos los servicios disponibles para que los ciudadanos puedan conocerlos fácilmente. Asimismo, Montserrat avanzaba que estaría dispuesta a estudiar mejoras en el sistema de copago de medicamentos, modificado en 2012 con la reforma sanitaria de Ana Mato. En concreto, ha reconocido que podría modificar el tramo de renta que va de 18.000 a 100.000 euros anuales, por el que los ciudadanos deben pagar un 50 por ciento del coste de los medicamentos financiados que adquieren en las farmacias.

Elecciones vascas y gallegas

El 25 de septiembre se celebraban elecciones autonómicas en País Vasco y Galicia. El PNV revalidaba su victoria en Euskadi, con 28 escaños (uno más de los que ya tenía), y EH Bildu lograba 18, frente a los 21 anteriores. Podemos entraba por primera vez en el Parlamento vasco, con 11 escaños, y el PP de Alfonso Alonso se quedaba con 9 (uno menos que en 2012), igualado con el PSE, que perdía 7. Finalmente, Iñigo Urkullu era reelegido lehendakari con el apoyo del PSE y Jon Darpón repetía como consejero de Salud. Por su parte, el PP volvía a conseguir una mayoría absoluta en Galicia, al hacerse con el 53 por ciento de los votos (41 escaños), mientras que En Marea conseguía superar al PSOE en número de votos. Alberto Nuñez Feijóo ponía nuevamente al frente de la Sanidad autonómica a Jesús Vázquez Almuiña.

Sanidad suscribía en septiembre la convocatoria 2016/2017 de una oferta de 7.772 plazas para la formación sanitaria especializada (6.328 MIR y 994 para personal de enfermería), un 3,7 por ciento más que en la anterior convocatoria. Además, se aprobaba la convocatoria de esta prueba selectiva para el sábado 28 de enero de 2017, manteniéndose la nota de corte en el 35 por ciento para todas las titulaciones. Su duración será de 5 horas y habrá 225 preguntas multi-respuesta más 10 de reserva, en todas las titulaciones.

La normativa de contratos temporales, contraria al derecho comunitario

También en septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinaba que la normativa española de contratos temporales en los servicios de salud era contraria al derecho comunitario. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) celebraba la resolución y se mostraba confiado en que este hecho suponga “un antes y un después para la precariedad laboral” de los profesionales del SNS. La sentencia, según recordaban en un comunicado, incide en la reiterada denuncia que la corporación médica viene haciendo en los últimos años sobre este tema, avalados por los datos de su “Estudio sobre la Situación Laboral de los Médicos en España”, que viene haciéndose desde 2014. En su última oleada mostraba cómo el 41 por ciento de los médicos que trabajan en la sanidad pública sin plaza en propiedad lo hacen con contratos temporales de meses, semanas e incluso horas, con una media de 7 contratos por año y casos de hasta más de 14, lo que a su juicio hace del SNS “la mayor empresa de trabajo temporal de España”.

Un mes después de dictarse esta polémica sentencia, el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno, todavía en funciones, a dejar la tasa de temporalidad en la sanidad por debajo del 10 por ciento. La votación obtenía el respaldo de todos los grupos de la Comisión de Sanidad, a excepción del PP, cuyos diputados se abstenían. Aun así, los “populares” también trabajaban en la elaboración del texto finalmente aprobado, donde se pedía la modificación del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, con el objeto de cumplir lo fallado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Casi al mismo tiempo, CESM proponía un plan coordinado de todas las comunidades autónomas para acabar con la alta precariedad del empleo y fijaba cinco líneas que defendería en adelante para poner fin a esta situación: convertir en plantilla orgánica todos los puestos de trabajo que en el SNS han sido desempeñados, durante más de un año, de manera eventual (se estiman más de 15.000); transformar en interinos a los profesionales que con contratos eventuales han venido ocupando esas posiciones; abolir la tasa de reposición “en virtud de la cual, y por imposición del Ministerio de Hacienda, desde 2012 no se cubren todas las plazas que quedan vacantes”; impulsar una gran oferta de empleo público (OPE) en cada uno de los servicios de salud que cuentan con plazas vacantes; y convocar OPEs anuales en todas las autonomías con el fin de ir cubriendo todas las nuevas plazas sanitarias vacantes que, por distintas circunstancias, se vayan generando.

El gasto público en medicamentos ascendió a 205 euros por habitante en 2015, según un estudio del EAE Business School presentado en septiembre y realizado a partir de datos del Ministerio de Sanidad. En total, el Gobierno registró un gasto farmacéutico de 9.533,9 millones de euros en fármacos adquiridos por los ciudadanos con receta oficial y dispensados en oficinas de farmacia, un 1,85 por ciento más que en el año anterior. Aunque esta cifra crecía por segundo año consecutivo, seguía manteniéndose por debajo de los niveles registrados en 2007.

A principios del mes de agosto, el BOE publicaba la nueva Orden de Precios de Referencia de Medicamentos del SNS, que revisaba los precios de 14.479 presentaciones de fármacos. Con esta medida, el Gobierno espera ahorrar 126,42 millones de euros, de los que 14,55 tendrían que repercutir directamente en los ciudadanos. Entre las novedades más destacadas, se creaban 28 nuevos conjuntos de presentaciones de medicamentos (16 en oficinas de farmacia y 12 de ámbito hospitalario). Además, se revisaban los precios de referencia de los conjuntos ya existentes y se suprimen 25 (12 en farmacia y 13 en hospital).

A finales de noviembre, Farmaindustria presentaba el Plan de Adherencia al Tratamiento, elaborado por 15 sociedades científicas médicas, farmacéuticas y de enfermería, junto a la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (Facme), la Plataforma de Asociaciones de Pacientes y el Foro Español de Pacientes, entre otros organismos. El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, recalcaba el grave problema de salud pública en los países desarrollados que supone la falta de adherencia “y que debe abordarse, tal y como demuestra la encuesta realizada en 1.400 pacientes de toda España: el 50 por ciento no cumple el tratamiento prescrito por el médico”. El plan, estructurado en seis pilares, propone 18 iniciativas y 26 acciones y se ponía a disposición de las autoridades sanitarias para su estudio y eventual aplicación.

A finales de diciembre, Farmaindustria y los Ministerios de Hacienda y Función Pública, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad firmaban el Convenio que renueva para 2017 el Protocolo de Colaboración acordado en noviembre de 2015 con el objetivo común de garantizar la sostenibilidad del SNS y el acceso de los ciudadanos a las innovaciones farmacéuticas. La rúbrica la llevaban a cabo, en un acto celebrado en la sede ministerial de Sanidad, los ministros Cristóbal Montoro y Dolors Montserrat, y el presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo.

Las subastas andaluzas y la reforma de Ana Mato, avaladas por el TC

Poco antes de acabar el año, la patronal farmacéutica española recibía una noticia demoledora para sus intereses: el pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordaba, por unanimidad, rechazar el recurso presentado por el Consejo de Ministros contra el artículo uno del decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía, en diciembre de 2011, con medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público que regulaban, en la práctica, la selección pública de medicamentos en la comunidad autónoma. El consejero andaluz de Salud, Aquilino Alonso, expresaba la “gran satisfacción” que para el Gobierno andaluz supone esta resolución, pues “avala lo que desde el principio manteníamos acerca de que la subasta pública de medicamentos era constitucional y no invadía en ningún caso competencias del Estado”.

En julio, este mismo tribunal había avalado, en términos generales, la constitucionalidad del Real Decreto 16/2012, por el que el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato al frente, regulaba la condición de beneficiario de la sanidad pública y dejaba sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia en España. El TC defiende que la universalidad de la sanidad no tiene que conllevar que esta sea gratuita.

En ese mismo mes, el Consejo de Ministros en funciones aprobaba un real decreto con los nuevos estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), por los que se creaba el Registro Central de la Profesión Médica y de las Sociedades Científicas Médicas, y se establecía la obligación de elaborar una memoria anual que se tendrá que hacer pública en el primer semestre de cada año. Una de las principales novedades de estos estatutos, que contienen 34 artículos, es la regulación de la ventanilla única, que incorpora medios electrónicos para los trámites que han de realizar los médicos.

La Comisión Permanente del CGCOM convocaba elecciones para el 29 de octubre, con el objetivo de elegir a dos cargos de nueva creación: los doctores Javier Font Celaya y Francesc Feliu Villaró eran elegidos vicepresidente segundo y vocal nacional de Médicos Tutores y Docentes, respectivamente.

Nuevo récord de donación y trasplantes

España, líder mundial de donación y trasplantes desde hace 24 años, batía nuevamente su récord en 2015 y registraba el mayor aumento en el número de donantes en la historia de la ONT, lo que permitía alcanzar los 39,7 donantes por millón de habitantes y un total de 4.769 pacientes trasplantados (un 9,4 por ciento más con respecto al año anterior). Los datos de la ONT cifraban el número de donantes en 1.851, con un aumento del 10 por ciento, un nuevo máximo de actividad. Con estos datos, España superaba en más de 20 puntos a la UE y en más de 13 a Estados Unidos.

Por su parte, España superaba los 250.000 donantes de médula ósea a finales de año, con un ritmo de 120 nuevos donantes diarios. Las previsiones del recién renovado Plan Nacional de Médula Ósea estiman un mínimo de 400.000 donantes para 2020, con un incremento anual de 40.000 donantes.

En octubre, el Ministerio de Sanidad validaba al fin su sistema de prescripción electrónica de recetas interoperables, lo que propiciaba que Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Navarra se convirtieran en las primeras cuatro autonomías españolas en ofrecerlo. De este modo, 475 centros de salud y 1.955 consultorios de Atención Primaria ya cuentan con un sistema que permite a los pacientes de estas comunidades retirar la medicación en cualquier farmacia de los cuatro territorios. Del mismo modo, 1.997 oficinas de farmacia pueden dispensar recetas interoperables, por el momento. Se espera que Galicia sea la siguiente autonomía en incorporarse.

También se daban a conocer los datos oficiales del Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C, el principal logro de Alfonso Alonso como ministro de Sanidad. Según los datos aportados por las comunidades autónomas, cerca de 60.000 pacientes con esta enfermedad habían sido tratados en nuestro país con los nuevos fármacos antivirales de última generación en un año y medio, desde el 1 de enero de 2015 al 15 de septiembre de 2016, con tasas de respuesta viral sostenida superiores al 97 por ciento, lo que significa que prácticamente la totalidad de estos pacientes logra curarse. El Ministerio de Sanidad aseguraba que España era el país europeo donde más personas habían recibido los tratamientos innovadores. La estrategia fue aprobada en marzo de 2015 con el objetivo de garantizar el acceso, en condiciones de equidad, a los más de 95.000 afectados que estaban diagnosticados en ese momento.

En ese mismo mes de octubre, el Instituto Karolinska galardonaba a Yoshinori Ohsumi con el Premio Nobel de Medicina 2016 “por descubrir y aclarar los mecanismos que subyacen a la autofagia, un proceso fundamental para degradar y reciclar los componentes celulares”. El concepto de “autofagia” surgió en la década de 1960.

¿Qué nos depara 2017?

De cara a 2017 esperamos conocer la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA en sus siglas inglesas), que se tiene que mudar forzosamente de Londres a consecuencia del “Brexit”. La candidatura de España ha provocado la pugna entre distintas ciudades españolas que se han venido ofreciendo para acoger este importante organismo europeo.

La troncalidad es otro asunto que, sin ninguna duda, seguirá generando polémica y dará mucho que hablar en 2017, sobre todo a raíz de la anulación del Real Decreto que la regula por parte del Tribunal Supremo. La noticia se daba a conocer el pasado 20 de diciembre y dejaba a todo el sector boquiabierto y con los deberes a medio hacer. El Alto Tribunal había estimado un recurso de la Sociedad Española de Inmunología que veía “palmariamente insuficiente” la memoria económica y presupuestaria que acompaña a la normativa, clave para su desarrollo por parte de las comunidades autónomas. Tras este varapalo judicial, el Ministerio de Sanidad es consciente de que va a tener que replantearse el proyecto en el nuevo año para intentar salvarlo.

A finales de octubre de 2016 y a propuesta de las comisiones nacionales, la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad había designado a los vocales de las comisiones docentes de los cinco troncos de la nueva formación especializada (Médico, Quirúrgico, Laboratorio, Imagen Clínica y Psiquiatría) hasta 2019. Asimismo, en noviembre se constituían formalmente las 5 comisiones y se elegía al presidente y vicepresidente de cada una de ellas. Como primera labor se les encargaba la elaboración de los programas formativos troncales, que deberían estar listos en 2017 para, entre otras cosas, poder sacar a concurso las primeras plazas MIR troncales en la convocatoria 2018-2019. Poco después, el Ministerio de Sanidad y las comisiones nacionales de las 21 especialidades que conforman el tronco médico se reunían para empezar a trabajar en los programas específicos con la idea de tener un borrador definitivo en marzo de 2017.

También se volverá a hablar, y mucho, de la prescripción enfermera. De hecho, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado se atrevía a devolver esta polémica regulación a la escena parlamentaria a principios de diciembre, promoviendo una moción que instaba al Gobierno a modificar el actual real decreto para que esté en consonancia con la Ley del Medicamento. Por el contrario, Ciudadanos –el principal aliado del PP en el Congreso de los Diputados- pedía cambiar la Ley del Medicamento como solución final al conflicto. Según CESM, la ministra de Sanidad habría manifestado en su reunión con este sindicato que es partidaria de dejar el decreto como se aprobó hace poco más de un año.

Poco antes de finalizar 2016, Farmaindustria, Facme, Fenin y el CGCOM llegaban a un acuerdo sobre fiscalización de la formación médica. “Contabilizar fiscalmente estos pagos o transferencias de valor y aplicarles los correspondientes impuestos a los profesionales sanitarios puede derivar en una desmotivación por la formación continuada, ya que tendrían que ser abonados por sus receptores”, explicaba Carlos Macaya, presidente de Facme. “La actualización del conocimiento es una obligación del médico (y no una opción) que debe repercutir en la calidad de la atención al pacientes, que es el gran beneficiado de la colaboración entre la industria biomédica y las sociedades científicas”, añadía. Próximamente se presentarán una serie de acciones y recomendaciones conjuntas en este sentido, que van a dar que hablar en el año que comienza.

En 2017 también conoceremos el nombre del sustituto de Rafael Matesanz al frente de la ONT, tras anunciar este su retirada con la llegada del nuevo equipo ministerial.