¿Menos abortos tras 5 años de la ley?

El número de interrupciones voluntarias del embarazo ha caído un 17%. El efecto de la ley se entremezcla con cambios sociodemográficos. Hay desigualdad regional en acceso a anticonceptivos y tasas de aborto.

Laura G. Ibañez. Madrid | laura.gutierrez@diariomedico.com | 09/01/2017 00:00

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Hace tan sólo unos días que el Ministerio de Sanidad hizo públicos los datos de interrupciones voluntarias del embarazo a cierre de 2015. Las cifras, como adelantó diariomedico.com, constatan que ese año se produjeron en España 94.188 abortos, un 0,6 por ciento menos que en 2014, ejercicio en el que descendieron un 12,7 por ciento.

Las nuevas cifras relativas a 2015 son especialmente trascendentes en el sentido en el que en 2015 se cumplieron cinco años de la ley del aborto de 2010 y 30 años de la primera ley del aborto española, de 1985.

De hecho, hasta 1985 el aborto era considerado delito en todo caso. Fue la Ley Orgánica 9/1985 de reforma del artículo 417 bis del Código Penal promovida por el primer gobierno socialista de Felipe González la que despenalizó el aborto en tres supuestos concretos (manteniendo penas de cárcel fuera de ellos): violación (el aborto debía producirse en las 12 primeras semanas), grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la madre (se permitía la interrupción en cualquier momento) y graves deficiencias del feto (se permitía la interrupción hasta la semana 22).

El descenso en la tasa de abortos por cada mil mujeres se ha producido sólo en las menores de 30 años, mientras que en el resto ha crecido en los últimos cinco años.

Como quiera que el Tribunal Constitucional respaldó la legalidad del aborto en estos tres casos (rechazando el recurso presentado por el PP en su momento contra ley), y que el intento socialista de ampliación a un cuarto supuesto (conflicto personal o social de la mujer) en 1995 no llegó a tiempo de aprobarse antes de fin de legislatura, la norma siguió en vigor tal y como se aprobó en 1985 hasta 2010, cuando la segunda legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero acometió la reforma que cambió el sistema de supuestos y plazos por un modelo únicamente de plazos, que permitía el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación.

Como el Gobierno de Mariano Rajoy en su primera legislatura declinó finalmente, pese a la promesa electoral de hacerlo, realizar una reforma en profundidad de la ley del aborto (lo que motivó que el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dimitiese) y optó por una reforma sólo puntual para exigir consentimiento paterno a las adolescentes de 16 y 17 años que quisiesen abortar, se puede decir que el espíritu de la norma de 2010 permanece vigente prácticamente sin cambios.

Y, por eso, los nuevos datos de abortos referentes a 2015 invitan a hacer balance de lo sucedido, en tanto que constituyen los cinco primeros años de la ley. ¿Qué ha pasado? Las cifras agregadas apuntan que, pese a la ley que despenalizó el aborto en las primeras 14 semanas, la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) no habría crecido desde la ley sino más bien al contrario, habría descendido al pasar el número total de IVE de 113.031 abortos en 2010 a 94.188 en 2015 (un 17 por ciento menos).

También habría descendido la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres, desde 11,49 en 2010 a 10,4 en 2015. Este descenso se habría producido, además, entre la población más joven, entre las menores de 30 años.

Sería absurdo ignorar, sin embargo, que durante los años en los que la ley ha estado en vigor se han producido cambios sociodemográficos más que importantes (con menores tasas de inmigrantes y mujeres en edad fértil, entre otras cuestiones), una reducción global de los embarazos y, consecuentemente, de los abortos, y que, pese a que la píldora del día después fue comercializada en 2001, es razonable pensar en algún efecto de la distribución de este fármaco sin receta en farmacias en todas las autonomías desde 2009.

Si a esto se añade la incertidumbre sobre los datos que genera el hecho de que en los años de estudio casi se haya duplicado el número de centros que notifican la realización de abortos y que es razonable pensar también que antes de la ley de 2010 algunos abortos que no encajaban en los tres supuestos legales de violación, riesgo para la madre o deficiencias del feto podrían haberse producido en el extranjero y no estar computando en las estadísticas, se llega a la conclusión con facilidad de que, cinco años después de la ley, y 30 años después de la despenalización por primer a vez del aborto, aún no hay información suficiente para saber qué ha ocurrido realmente con el número de abortos.

La cuestión se complica aún más si se piensa en la proliferación de métodos anticonceptivos de larga duración que se ha producido en estos años y su fuerte relación con menores tasas de aborto, y en las desiguales políticas de financiación y acceso a anticonceptivos en las autonomías (el DIU de cobre por ejemplo tiene financiación en 11 autonomías; los preservativos, distribución gratuita en 4 comunidades; la píldora del día después es gratis también en 9 autonomías, etc.).

Anticoncepción

Con todas estas cautelas, Txanton Martínez-Astorquiza, presidente de la Sociedad Española de Ginecología (SEGO) y jefe de Ginecología del Hospital Quirón de Vizcaya, ha recibido los nuevos datos sobre la caída de los abortos "como una buena noticia" que hay que achacar a "muchos factores, como el hecho de que hayan descendido un 10 por ciento los partos, es decir, que ha habido también menos embarazos, a la reducción del número de inmigrantes, al uso de la píldora del día siguiente, etc.". En su opinión, cabe margen todavía para reducirlos desde la idea de que llegar a un aborto "significa haber fracaso en los pasos sanitarios previos" de promoción de la anticoncepción y educación.

En este sentido, Martínez-Astorquiza avanza que se está ya preparando un programa para promocionar los anticonceptivos de larga duración por su vinculación con menores tasas de aborto y, pese a las críticas vertidas por la Federación de Planificación Familiar y Estatal sobre las desigualdades de acceso a anticonceptivos según la autonomía, insiste en que "a veces es cuestión de cultura porque realmente si se tiene interés hay formas de acceso" y financiación.