Los sindicatos quieren que se indemnice al estatutario cesado

Defienden cambiar el Estatuto Marco según la jurisprudencia europea. También proponen sancionar a las CCAA que abusen de la contratación.

Nuria Monsó. Madrid | nuria.monso@unidadeditorial.es | 27/03/2017 00:00

Los sindicatos del Ámbito de Negociación quieren una revisión exhaustiva del Estatuto Marco para actualizarlo y evitar que el SNS vuelva a tener una tasa de temporalidad del 30 por ciento.

Una de sus propuestas es que el estatutario temporal sea indemnizado por cese con "20 días de salario, comprendidas las retribuciones básicas y complementarias, por cada año de servicio o la parte proporcional correspondiente, con un máximo de doce mensualidades", según el documento que han consensuado.

Esta propuesta nace a raíz de una de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicadas en septiembre, que aboga por equiparar las indemnizaciones por despido de fijos, temporales e interinos. Hay que puntualizar que este fallo se refería a una trabajadora en régimen laboral del Ministerio de Defensa. De ahí que el de Sanidad considere que no es aplicable al personal estatutario, pues los primeros se rigen por el derecho laboral y los segundos, por el administrativo.

Diferencias
Gracia Álvarez, secretaria de Sanidad de UGT, opina que "en última instancia estamos hablando de personal temporal y no entendemos el motivo por el que uno sí tendría derecho a esta indemnización y los otros no".

El secretario de Sanidad de CCOO, Antonio Cabrera, asegura "que ya hay sentencias en España, en concreto una del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco y otra del TSJ de Madrid, que se manifiestan a favor y en contra de reconocer este derecho al personal estatutario temporal. Si no negociamos, el asunto terminará judicializándose".

Por otra parte, Álvarez considera que esta indemnización puede suponer una motivación para los servicios de salud para evitar el encadenamiento de contratos, "pues les costaría más caro hacer eso que simplemente firmar una interinidad para cubrir una vacante hasta que se oferte".

Las centrales también piden la creación de un nuevo contrato eventual para las jubilaciones parciales y ajustar el pago de trienios al personal temporal a la jurisprudencia. No obstante, la mayor parte los cambios sugeridos se centran precisamente en impedir el abuso de la contratación eventual para cubrir necesidades estructurales.

Creación de plazas
Por ejemplo, proponen que para proceder al estudio de creación de nuevas plazas baste con que haya un nombramiento -y no al menos dos como marca la norma actual- para la prestación de determinados servicios por un periodo acumulado de al menos 12 meses en un período de dos años. Además, esa nueva plaza tendría que ofertarse en el siguiente concurso de traslado u oposición.

Hay que recordar que la única propuesta de modificación del Estatuto Marco por parte de las autonomías se limita a señalar que la creación de plazas estaría sujeta a la disponibilidad presupuestaria, medida que rechazan los sindicatos, argumentando que el coste es el mismo. En ese sentido, la portavoz de UGT critica que "las autonomías no hayan concretado los criterios para dilucidar cuándo un puesto es realmente estructural".

Las centrales también quieren incorporar al Estatuto Marco la interinización automática del eventual cuyo nombramiento haya sido en fraude de ley al no cumplir con los requisitos de la norma. Esta circunstancia implicaría, además, la creación de una nueva plaza si esta no existiera.

"Las consejerías de Sanidad nos dijeron que no se podía contratar a interinos por la tasa de reposición. En realidad sí era posible, aunque necesitaban la autorización de las consejerías de Hacienda. El caso es que en varias comunidades, como Madrid, se procedió a contratar a eventuales para cubrir esas necesidades permanentes y eso es lo que hay que corregir", señala Gabriel del Pozo, vicesecretario de CESM.

Los sindicatos también proponen incluir en la normativa que el abuso de la contratación sea sancionable: "No hay antecedentes en la Administración Pública, pero creemos que es necesario. Otra cosa es la forma; eso debería acordarse en el Consejo Interterritorial", explica Cabrera.

Otro de los cambios propuestos es incluir todo un artículo con los requisitos de las plantillas orgánicas, "que no está regulado y que sería una buena medida de control para saber cuántas plazas hay presupuestadas y cuántos trabajadores están realmente dando servicio", apunta Del Pozo.