La rotura de un aneurisma cerebral puede ser causa de IPA, dice un juez

Un juzgado de Barcelona ha reconocido a una trabajadora el derecho a recibir una pensión vitalicia por una incapacidad permanente absoluta (IPA) tras sufrir un aneurisma cerebral grave. El fallo apunta que ha sufrido graves problemas cognitivos y de retención de la información.

D. Carrasco. Madrid | 03/04/2017 17:47

El Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona ha condenado al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) a pagar a una empleada una pensión vitalicia derivada de una incapacidad permanente absoluta (IPA) como consecuencia de un aneurisma cerebral grave. La sentencia explica que la reclamante sufre una grave pérdida de funcionalidad debido a sus lesiones que la incapacitan para todo tipo de trabajo, no sólo para su empleo habitual.

El INSS dictó en su día una resolución administrativa por la que rechazaba la solicitud de la mujer. La razón que apuntaba la Administración era que la causa de la patología que sufrió (aneurisma cerebral) había sucedido con anterioridad a la fecha de alta de la trabajadora en la Seguridad Social. Sin embargo, en el juicio quedó demostrado que la mujer lo padeció en junio de 1994; esto es, cuando ya había sido dada de alta en su empresa en marzo de ese mismo año.

El juzgado catalán acepta los argumentos esgrimidos por Alejandro Rusiñol, abogado del centro Tribunal Médico, al explicar que las lesiones de la empleada han sido claves para que el la sentencia reconociera la necesidad de la trabajadora de una pensión como medio de vida por no poder desarrollar ningún tipo de profesión.

Las patologías que han quedado demostradas, según los informes periciales aportados, son la parálisis facial y del brazo izquierdo, consecuencia del aneurisma inicial que padeció. Aparte, está aquejada de inflamación del encéfalo y de la médula espinal. Ello le ha provocado también graves problemas cognitivos y de retención de la información.

El juzgado social condena al INSS a pagar a la trabajadora una mensualidad del cien por cien de su base reguladora, calculada en 2.343,70 euros. Además, este fallo se emite con efectos retroactivos, de modo que la demandante percibirá las cantidades no abonadas hasta ahora desde 2015.

La sentencia puede ser recurrida en suplicación ante la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.