Nuria Monsó. Madrid | 23/05/2017 14:15
El
informe de la Agencia Tributaria que señala que los médicos tienen que declarar por las invitaciones a congresos por parte de la industria sigue generando polémica. En el caso de Facme, según explica su presidente, Fernando Carballo, no se debe tanto al qué, sino al cuándo.
"El informe no difiere en lo esencial de lo que ya era la doctrina oficial de la agencia tributaria. Lo nuevo es que la Agencia Tributaria publique este informe en este momento, a pesar de la proposición no de ley (PNL) aprobada en el Congreso para que estas transferencias no tributen y a pesar de que el Ministerio de Sanidad nos hubiera asegurado que era su voluntad y la de Hacienda solventar este tema", señala Carballo, que añade que han pedido explicaciones a la Administración "para que nos aclare qué significa y qué implica para los profesionales".
El documento apunta en esencia que
estas invitaciones son retribuciones en especie y no cabe que las compañías las imputen como gastos propios de formación que el médico no tendría que declarar, puesto que no se trata de sus empleados. Farmaindustria, al contrario que Carballo,
defiende que este informe sí supone un cambio de doctrina y ha instado a desarrollar la PNL aprobada en la Comisión de Sanidad para el profesional no tenga que tributar en estos casos.
El presidente de Facme señala que el problema no es la tributación, porque el médico debe cumplir con sus obligaciones fiscales, pero se muestra muy crítico con Farmaindustria.
Considera que la patronal ha sido "imprudente" al igualar bajo el concepto de transferencias de valor los pagos de asesoría, las invitaciones a congresos y los patrocinios a las sociedades científicas, en un momento en el que "no hay una legislación desarrollada respecto a cómo debe hacerse transparente esta relación" y más cuando también había dudas fiscales por determinados pagos no declarados, pues el informe se ha generado a raíz de una inspección a una empresa. "Por muy loable que sea la transparencia, esto supone un elemento de distorsión", añade.
Carballo
ha criticado también la postura del PSOE y Podemos, que se opusieron a la PNL mencionada: "El SNS es incapaz de autofinanciarse para tomar las riendas de la formación, e incluso si lo hiciera, ¿en manos de quién va a estar? ¿De los propios gerentes?", añadiendo que obviamente
los servicios de salud acabarían acudiendo a terceros, entre ellos la industria, lo que Carballo teme que genere actividades con formación sesgada. Por tanto, es partidario de mantener el modelo actual de colaboración entre ésta y las sociedades científicas
dejando claros los posibles conflictos de intereses.
En cuanto a si la publicación de los pagos a título individual sin el consentimiento del propio profesional a partir de 2018, como pretende hacer Farmaindustria, Carballo explica que las opiniones jurídicas que ha recopilado Facme coindicen en que precisamente a partir de esa fecha entraría en vigor el nuevo reglamento europeo de protección de datos de las personas físicas, que consideran más garantista, y por tanto "si no se aplica una moratoria, podrían iniciarse recursos legales".
Hay que recordar que la Agencia Española de Protección de Datos había dado el visto bueno a la iniciativa de Farmaindustria, pero teniendo como referencia la normativa vigente, no la que se aplicará.
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