Valencia: el TSJ anula los decretos de copago farmacéutico y ortoprotésico

El TSJ de Valencia ha anulado los decretos frente al copago farmacéutico y ortoprotésico puestos en marcha por la Consejería de Sanidad regional.

Enrique Mezquita. Valencia | 07/07/2017 12:14

Carmen Montón, consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana. (Generalitat)

El TSJ de Valencia ha anulado los decretos que regulan ayudas frente al copago farmacéutico y ortoprotésico puestos en marcha por la Consejería de Sanidad. Así lo señalan medios locales de la comunidad valenciana, como Las Provincias, que han recogido y difundido la sentencia, confirmada a DM por la consejería.

La sentencia señala que ambos decretos deben ayudar a personas que se encuentren en situación "real" de necesidad, pero el alto tribunal apunta que de su contenido "no se extrae como consecuencia que las personas beneficiarias de las ayudas se hallen en todo caso ante una situación de necesidad", la cual deberá derivarse de los "medios económicos que las mismas posean".

Para el TSJ, ambos decretos, que fueron recurridos por la Abogacía General del Estado, deberían fijar "los presupuestos económicos que deben poseer las personas con diversidad funcional y los pensionistas para acceder a la subvención. Al no haberlo hecho así, se incumple el mandato constitucional y se desvirtúa la finalidad de las subvenciones que aquellas normas establecen".

Por estos motivos, se debe "estimar el recurso contencioso-administrativo y declarar la nulidad de los decretos impugnados". Cabe recordar que el Ejecutivo nacional recurrió estas ayudas.

¿Qué dice la consejería?

Ante esta situación, fuentes de Sanidad han reiterado que la sentencia reconoce que no existe una situación de desviación de poder -la base del recurso de la Abogacía del Estado-, así como, por tanto, la legitimidad y la competencia de la Generalitat de conceder ayudas para garantizar los tratamientos sanitarios en población en situación de necesidad.

Además, han añadido que Sanidad entiende "que sí existen unos criterios definidos de situación de necesidad económica como es en el caso de los pensionistas el hecho de tener unas rentas inferiores a 18.000 euros anuales, para conceder las ayudas".

En este sentido, han hecho hincapié en que "las ayudas frente al copago farmacéutico y ortoprotésico están plenamente vigentes", ya que de acuerdo con las consultas realizadas con la Abogacía, "la sentencia no afecta en ningún caso a las ayudas actuales del año 2017, que seguirán concediéndose con total normalidad, ni a las aportadas en el año 2016, a las que hace referencia el TSJ, ya que ya han sido ejecutadas".

Asimismo, Sanidad ha recordado que "la sentencia no es firme" y que está ultimando un recurso de casación contra el pronunciamiento del TSJ.

La consejera de Sanidad, Carmen Montón, ha lamentado el interés del Gobierno de España en bloquear las iniciativas desarrolladas por la Generalitat encaminadas a la devolución de los derechos sanitarios arrebatados por los Gobiernos del PP no solo con recursos como el presente, sino con el presentado contra la universalidad de la atención sanitaria, avalado por el Tribunal Constitucional en un auto contrario a la suspensión cautelar solicitada por el Gobierno.

Por ello, Montón ha insistido en la derogación del Real Decreto 16/2012, la medida a través de la que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo los copagos entre pensionistas o la exclusión sanitaria a migrantes en situación irregular.El Gobierno valenciano "felicita" al central si se alegra por la "incertidumbre" de los afectados por el copago sanitario

"Aceptamos, pero recurriremos"

La anulación de los decretos han centrado las preguntas y reacciones en la rueda de prensa posterior al pleno semanal del Ejecutivo valenciano. Manuel Alcaraz, consejero de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, que ha actuado de portavoz en sustitución de Mónica Oltra, se ha mostrado muy crítico con la actuación del Gobierno central en este tema, señalando esta ayudas "no tienen un coste ni mucho menos excesivo y prestan unos servicios de pura humanidad con algunos de los sectores que peor lo están pasando, entre otras cosas por la falta de financiación provocada por el mismo Gobierno de España".

Por ello, ha remarcado que si le "hace feliz ver como en este momento se sumen en la incertidumbre nuestros ancianos o personas mas débiles, felicidades al Gobierno de España".

Alcaraz ha señalado que el Ejecutivo valenciano acata la sentencia, aunque discrepa de la misma y, por tanto, "se recurrirá". Según el portavoz, la Abogacía de la Generalitat Valenciana está "estudiando los informes preliminares" y "ultimando el recurso de casación". En este sentido, ha insistido que el texto reconoce que "no existe una desviación de poder" y que la Generalitat tiene reconocida la posibilidad de prestar esas ayudas.

El consejero ha transmitido un "mensaje tranquilizador", señalando que las ayudas son "plenamente vigentes" y nadie se va a quedar sin ellas. En opinión de la Administración autonómica, "lo ejecutado no se va alterar", incluyendo las ayuda de 2016 y 2017.