No hay estafa en el 'caso Minerval', dice un juez

Un juzgado de Palma ha considerado este viernes que no se da el requisito del engaño para que exista el delito de estafa. No obstante, da parte al Ministerio de Sanidad por si hay motivos para abrir un expediente por la comercialización del producto.

Redacción. Madrid | 08/09/2017 16:19

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma ha dictado este viernes un auto en el que acuerda el archivo del caso Minerval al "no quedar debidamente justificada la perpetración del delito de estafa objeto de la denuncia que inició el procedimiento". En la resolución, el juez aplica la doctrina de la Sala Penal del Tribunal Supremo referente al engaño y apunta que el delito de estafa "requiere como elemento esencial para su existencia la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición".

Ante la posible existencia de alguna infracción, el juzgado ha dado parte a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por si existen motivos para la apertura de un expediente administrativo sancionador por las actividades comerciales realizadas con este producto desde 2004, según recoge Europa Press.

El auto explica que sobre el denunciado Pablo Vicente Escribá "no puede decirse que aprovechara la escasa formación" de los compradores para "generar su confianza", y después, "convencerles para adquirieran el producto".

En este sentido, señala que muchos de los compradores son titulados superiores, alguno de ellos incluso médicos, biólogos, catedráticos, profesores de universidad y personas cercanas al ámbito universitario, que al adquirir Minerval, "sabían que se trataba de un producto en fase experimental, no de un medicamento de venta en las farmacias".

Además, añade que "no se les aseguró su eficacia curativa" ya que se buscaba una alternativa para pacientes a los que no se les pudiera aplicar un tratamiento convencional.

El magistrado archiva la causa por considerar que "no existe el engaño imprescindible para la existencia de un delito de estafa". No obstante, el juez contempla la posibilidad de que puedan haberse cometido infracciones "muy graves" en las disposiciones administrativas que regulan los medicamentos.

La resolución no es firme y cabe recurso de apelación.