Vías para que la evaluación sanitaria 'cale' en la política

Expertos reunidos por Sespas, AES y SEE en el congreso de las tres sociedades celebrado en Barcelona piden que la política se base en la evidencia científica.

Rosalía Sierra. Barcelona | 11/09/2017 00:00

Los presidentes de SEE, AES y Sespas (Carmen Vives, José María Abellán y Beatriz González López-Valcárcel, respectivamente), en el congreso celebrado la semana pasada en Barcelona. (Jaume Cosialls)

Un Gobierno decide, motu proprio, poner en marcha un programa de reducción del hábito tabáquico entre los jóvenes. Lanza campañas informativas, con mensajes impactantes y consejos de ocio sin humo. Se reparten trípticos entre los jóvenes que acuden a centros de salud y los pediatras de atención primaria comienzan a controlar sospechas de tabaquismo entre sus pacientes.

Un año después, las encuestas de salud pública arrojan un descenso significativo de los menores fumadores. El Gobierno decide, de nuevo motu proprio, que el programa ha sido un éxito.

Sin embargo, a los pocos meses aparece publicado en una revista científica un análisis causa-efecto que concluye que la introducción del programa gubernamental tuvo escaso o nulo impacto en los jóvenes, y que el descenso del tabaquismo no ha hecho más que seguir una tendencia iniciada tiempo antes.

Poco después, se publica un metaanálisis de evaluaciones de impacto sobre programas contra el tabaquismo que concluye qué tipo de medidas sí resultan efectivas. El Gobierno responsable del programa no lee los trabajos y lanza una segunda oleada de su campaña duplicando el presupuesto destinado a la primera.

Así, más o menos, se describen las cuitas de los estudios de evaluación de impacto de políticas de salud, según los expertos reunidos la pasada semana en los congresos de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), la Asociación de Economía de la Salud (AES) y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que se celebraron conjuntamente en Barcelona.

El macrocongreso, que se celebró bajo el lema Ciencia para la Acción, pretendió dar visibilidad a la importancia de que las decisiones sobre política sanitaria se tomen de manera informada y, sobre todo, "estén basadas en la evidencia que se genera basada en los datos reales", explicó Carmen Vives, presidenta de la SEE.

Realizar evaluaciones de impacto no es sencillo. "Un análisis coste-efectividad de un fármaco está totalmente protocolizado. Evaluar una política de salud que puede ser transversal requiere herramientas más complejas", reconoce Beatriz González López-Valcárcel, presidenta de Sespas.

Aun así, existe metodología apropiada, como los estudios de exposición aleatoria, de regresión discontinua, de diferencia entre diferencias, de variables instrumentales... "Lo fundamental es saber qué estamos evaluando, y contar con los datos adecuados. Es preciso conocer las variables exógenas y técnicas estadísticas que determinen que el cambio producido se debe de verdad a la nueva política", describe Marcos Vera-Hernández, de la University College de Londres.

De hecho, existen innumerables ejemplos de evaluaciones de impacto realizadas y publicadas por científicos. Pero falla la parte más compleja: no sólo salvar el tradicional valle de la muerteque separa investigación de acción, sino lograr que esa acción se ponga en marcha por un sector que difícilmente es influenciable desde la ciencia: la política.

"Probablemente, los decisores encuentran la evidencia demasiado costosa en términos políticos y, además, existe cierto desconocimiento y desdén hacia la base científica que sustenta la evidencia", se lamenta José María Abellán, presidente de AES.

En esta línea, Vives afirma que "si la investigación culmina en una publicación, difícilmente tendrá influencia. Debemos tener un lugar, como los medios de comunicación, y fórmulas que nos permitan llegar a los decisores".

Lo bueno es que estas fórmulas existen. David Casado, de la Fundación Bancaria La Caixa, opina que "los políticos carecen de incentivos para promover las evaluaciones de impacto, porque tienen mucho que perder y poco que ganar: si la evaluación concluye que la política es buena, no le aporta nada. Y si es mala, no quiere saberlo".

Tres vías para generar incentivos

Por ello, Casado desgrana tres vías para generar estos incentivos. Por un lado, contar con organismos generadores de datos que permitan realizar las evaluaciones de forma ágil, dado que uno de los principales problemas de la evaluación es que llega cuando ya es demasiado tarde: "Contar con resultados en tiempo real puede ayudar a condicionar la continuidad o interrupción del programa. Para un Gobierno, después ya es demasiado tarde", dice Vera-Hernández.

Por otro lado, es posible crear incentivos de los de toda la vida: económicos. "Por ejemplo, en Estados Unidos hay parte de la financiación federal destinada a educación que está condicionada a que los organismos docentes de cada Estado utilicen programas basados en la evidencia", explica Casado.

Del mismo modo, Vera-Hernández describió un proyecto puesto en marcha en Colombia, llamado Familias en Acción, que incluye "préstamos del Banco Mundial para contrarrestar los efectos de la crisis económica de los que un porcentaje estaba condicionado a hacer una evaluación".

Por último, Casado habla del denominado knowledge brokering, una suerte de intermediarios o bróker que lleven el conocimiento a los decisores. Es el caso de los What Works Centers(Centros de lo que funciona), de Reino Unido, que "sintetizan y difunden la evidencia. Son órganos independientes, surgidos en diversos ámbitos a imagen y semejanza del Instituto Nacional de Excelencia Clínica (NICE, por sus siglas en inglés)".

Afortunadamente, no hay que irse tan lejos para encontrar otro ejemplo en esta línea: se trata de los policy brief que elabora la SEE: "Es una herramienta para plasmar las evidencias más relevantes sobre un tema concreto, posibles soluciones a un problema y algunas recomendaciones, de forma breve (no más de tres páginas) y con un lenguaje accesible", describe Vives.

No obstante, de poco sirve traducir la evidencia y comunicarla adecuadamente si no se despierta el interés del político. Los programas de salud se enfrentan a un problema añadido: suelen ser transversales. "¿Qué interés puede tener, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura en poner en marcha un proyecto que mejore la salud?", se pregunta González López-Valcárcel.

El reto, a su juicio, está en "saber vender a Agricultura los beneficios que le supondría implantar una nueva política. A modo de ejemplo, cita un caso de éxito desarrollado en California, en Estados Unidos: "Un programa, llamado From the farm to the fork (de la granja al tenedor) disfrazaba de política medioambiental y ecológica un proyecto que en realidad buscaba una alimentación más saludable".

A su juicio, lo ideal sería contar con "organismos ministeriales transversales, que combinen salud, cultura, agricultura, urbanismo... Así se podrían acordar programas que beneficiaran a todos".

Sin embargo, crear este tipo de organismos, u otros similares al NICE británico, de poco sirve "si sus decisiones no tienen peso. Ya existe una red de agencias de evaluación que hace muy buen trabajo, pero que raramente es tenido en cuenta", sostiene Abellán.

Y es que, tal y como apunta Casado, al final "lo que más importa son las personas. La mayor parte de las iniciativas en esta línea han sido puestas en marcha por políticos sensibles".