Cataluña: ¿qué pasaría si...?

Múltiples frentes sanitarios se expondrían a posibles cambios en caso de que Cataluña se independizara
Política farmacéutica, OPE, I+D, centros de referencia, deslocalización de compañías...

J.A.Plaza / M.Ramudo / N.Monsó / D.Carrasco | 09/10/2017 00:00

El conflicto catalán afronta una nueva semana clave. (DM)

Cataluña afronta una nueva semana clave. Al cierre de esta edición, estaba anunciada la celebración de un Pleno autonómico, suspendido por el Tribunal Constitucional, en el que se podría declarar la independencia unilateral, bajo amenaza del Gobierno central de aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo que derivaría en un gobierno regional intervenido. Además, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había solicitado comparecer este martes "para explicar la situación política".

Entre tanta incertidumbre, el sector sanitario se pregunta (aunque, por cautela, nadie quiera responder públicamente) qué sucedería si, hipotéticamente, se produce una ruptura o un cambio de relaciones entre Cataluña y España.

Hay diversos aspectos que podrían verse afectados en caso se producirse la ruptura. Lo primero que hay que citar es que casi nadie está dispuesto a valorar, mediante una declaración oficial o institucional, un panorama cambiante. Fuentes del Ministerio de Sanidad sólo señalan a DM que la independencia es inviable y que no se contemplan otros hipotéticos escenarios.

Si se aplicara el artículo 155 de la Constitución, las competencias sanitarias de Cataluña serían asumidas por el Ministerio de Sanidad

El Instituto de Salud Carlos III también prefiere no pronunciarse. La Organización Médica Colegial, el Departamento de Salud de la Generalitat, el Consorcio Sanitario y Social de Cataluña, la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria y diferentes empresas farmacéuticas consultadas, entre otros agentes, prefieren no posicionarse de forma oficial.

En teoría, si la independencia se produjera (extremo que, fuera de Cataluña, casi todos consideran imposible), la a sanidad catalana no debería sufrir cambios significativos. Mantendría las competencias que ya tiene -la mayoría están transferidas- y el Gobierno autonómico no ha puesto sobre la mesa -al menos, de forma pública- cambios en su modelo sanitario.

Política farmacéutica

Habría que ver qué sucede con las competencias no transferidas, como la sanidad exterior o la política farmacéutica; cabe recordar que Cataluña ya ha dado pasos para impulsar una Agencia Catalana del Medicamento. Además, los edificios -hospitales y ambulatorios- del Instituto Catalán de la Salud (ICS) son de titularidad de la Seguridad Social.

En el plano nacional, hay diversos ámbitos en los que los gobiernos autonómico y central cooperan y comparten recursos. El SNS contempla Centros y Unidades de Referencia (CSUR) para atender a escala nacional diversas patologías especializadas y complejas. Los CSUR se eligen y aprueban en el seno del Consejo Interterritorial, órgano del que Cataluña podría salir si abandonara su estatus autónómico. De los más de 250 CSUR establecidos en toda España, 77 están en Cataluña.

En el ámbito de la evaluación de tecnologías sanitarias, el modelo español se basa en el trabajo en red, con una agencia nacional que trabaja en colaboración con otras siete autonómicas, una de las cuales -y una de las más potentes- está en Cataluña.

El Colegio de Barcelona: "Si llega a producirse la independencia, no afectaría en prácticamente nada al sistema sanitario"

No hay que olvidar cuestiones que exceden el ámbito sanitario pero que le afectan indirectamente. En pleno debate y futura revisión del modelo de financiación autonómica, cualquier cambio en el statu quo entre el Gobierno central y la Generalitat obligaría a replantear las propuestas y el sistema que los grupos de trabajo están ahora analizando.

En el plano colegial, Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, señala a DM: "Si llega a producirse la independencia, no afectaría en prácticamente nada al sistema sanitario: ya está transferido en un 90 por ciento". Sobre la relación con la Organización Médica Colegial (OMC), añade: "No tendríamos OMC y el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña asumiría las funciones de coordinación. De facto, ya lo hace. Dejaríamos de tener una dependencia".

Ruptura sindical, OPE y MIR

Con respecto a los recursos humanos, la OPE nacional aún debe desarrollarse. Cabe recordar que, frente a las acusaciones de CCOO, Cataluña negaba que se hubiera desvinculado de la OPE estatal y, en cualquier caso, tiene un acuerdo autonómico con las filiales autonómicas de este sindicato y UGT para disminuir la temporalidad. Con respecto al plano sindical, hay una clara desunión ideológica entre los ámbitos autonómico y nacional, que se ha plasmado en el anuncio de Médicos de Cataluña -uno de los más voluminosos de España- de desvincularse de la federación CESM.

El sistema MIR también entraría en juego. En la convocatoria de formación sanitaria 2017-2018, del total de la oferta nacional de 8.042 plazas de posgrado, Cataluña tendría 1.257 plazas (un 15,63 por ciento);_en la comunidad, 1.030 de esas plazas son de especialidades médicas, un 15,81 por ciento de las 6.513 en toda España.

Hay que tener en cuenta que, aunque los salarios de los residentes corren a cargo de la autonomía, la adjudicación de plazas está dirigida por el ministerio, al igual que la acreditación de las unidades docentes. La redistribución de las plazas catalanas entre el resto de autonomías y un hipotético MIR catalán estarían sobre la mesa.

En la convocatoria MIR 2017-2018, del total de la oferta nacional de 8.042 plazas, Cataluña tendría 1.257

La lista de ámbitos que se añadirían al debate es muy larga. El modelo de trasplantes basa su éxito en la cooperación autonómica. Cataluña es de las autonomías más trasplantadoras, pero no es autosuficiente en órganos procedentes de cadáver. El sistema de aseguramiento (¿qué sucedería con los mutualistas de Muface en Cataluña? y la atención a pacientes europeos (si Cataluña saliera de España y no perteneciera a la UE, ¿cómo se facturaría?) se añadirían a la lista.

También lo harían la gestión de fondos estatales, como el de Liquidez Autonómica (Cataluña es la comunidad que más se benefició en el último reparto), las ayudas de la Estrategia Nacional sobre Drogas o las concedidas a sistemas de información, historia clínica electrónica y dependencia.

Nulidad de pleno derecho, presuntos delitos e incertidumbre

Carlos Sardinero, profesor de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, explica que desde un punto de vista constitucional "la declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña no tendrá ningún efecto jurídico nacional ni internacional, porque sus actos son nulos de pleno derecho y presuntamente constitutivos de delito", según ha establecido el Tribunal Constitucional. Por tanto, "todas las autoridades y funcionarios públicos que participen en la declaración tendrían una responsabilidad penal por la comisión de presuntos delitos; entre otros, prevaricación, sedición y malversación", señala Sardinero.

Otra cuestión es que a día de hoy existe mucha "incertidumbre" porque no se sabe qué va a hacer el Gobierno de España: "Se desconoce si va a aplicar el artículo 155 de la Constitución con todas sus consecuencias. Una de ellas, sería la posibilidad de disolver el Parlamento catalán y acordar la convocatoria de elecciones autonómicas".

Conviene tener en cuenta que la aplicación del 155 de la Constitución no implica necesariamente asumir todas las competencias de la autonomía, ya que dicho precepto otorga al Gobierno la facultad, que no el deber, de adoptar las medidas que considere necesaria para obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento de sus obligaciones y de la Constitución.

Ahora bien, si el Ejecutivo decidiera aplicara en su totalidad el artículo 155, las competencias sanitarias de Cataluña serían asumidas por el Ministerio de Sanidad. "Actualmente España es un paciente enfermo que desconoce su diagnóstico y tratamiento", dice el jurista.

¿Y la I+D+i?

En investigación, son varias las cuestiones que implican una labor conjunta del Gobierno central y el Ejecutivo catalán: los Centros de Investigación Biomédica en Red (Ciber) y las Redes de Investigación (Retic) suponen un trabajo en cooperación, con especial relevancia de los centros de investigación y equipos de científicos establecidos en Cataluña. Los proyectos del Plan Estatal de I+D+i se basan en transferencias del Estado, que reparte recursos a los que optan todas las autonomías. También habría que tener en cuenta los consorcios que se gestionan entre el Gobierno central y el catalán, como el Barcelona Supercomputing Centre y el Sincrotron Alba, ambos situados en Barcelona. El Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) también cuenta con implicación de la Generalitat y del Gobierno central, por medio de transferencias nominativas del Instituto de Salud Carlos III.