¿Cuánto dura un preoperatorio?

Habría que abrir un debate técnico y jurídico tendente a elaborar un protocolo interespecialidades que sirviese a profesionales y pacientes.

por Carmen Fernández. Directora | 07/10/2017 10:00

Sorprende que haya casos de mala praxis por preoperatorios mal hechos, incompletos o muy distantes en el tiempo de la intervención quirúrgica, pero haberlos haylos. Es conocida la variabilidad en materia de criterios de solicitud de pruebas en función del estado de salud del paciente, la edad, el índice de riesgo anestesicoquirúrgico y el tipo de operación, y en su momento trascendió cierto debate en torno a si eran necesarias las pruebas de alergia a anestésicos y antisépticos que se iban a utilizar, que es algo que parece aceptado que, calibrando riesgo y coste, no es oportuno llevarlo a cabo de manera generalizada.

Pero, ¿qué pasa con el tiempo de vigencia de los resultados de esas pruebas? La lógica indica que se tienen que realizar lo más cerca posible de la intervención programada - ¿menos de 3 meses?-, pero expertos consultados nos han informado de que en Europa se acepta una vigencia en una horquilla muy amplia, que va de los 3 a los 12 meses si no se ha producido un evento clínico o el paciente no había estado diagnosticado de enfermedad cardiaca previa. Evidentemente, cirujanos y anestesistas, de acuerdo con sus respectivos protocolos y guías, tienen en cuenta la situación clínica del paciente y el tipo de cirugía a la que se somete para decidir cuándo hace falta un análisis de sangre, radiografía, electrocardiograma, pruebas de la función pulmonar, ecografía...

Pero el asunto parece lo suficientemente relevante como para que todas las sociedades científicas implicadas pongan las bases tendentes a homogeneizar criterios para, en primer lugar, garantizar la máxima seguridad de los pacientes; y, en segundo, reducir la posibilidad de eventos adversos con implicaciones legales para los profesionales, los centros y las Administraciones competentes.

En esto, como pasa con todas decisiones sobre gasto en sanidad, no vale solicitar y repetir, con objetivo defensivo, un conjunto de pruebas sistemáticas debido al hecho de que no existe una regulación que indique con precisión qué exámenes deben ser realizados y en qué momento caducan sus resultados.

Por ello, habría que abrir un debate técnico y jurídico tendente a elaborar un protocolo de consenso interespecialidades que sirviese a los profesionales para ampararse en su cumplimiento para defender su buena actuación (lex artis) en caso de demanda, y a los pacientes para asegurarse de que se les está sometiendo a un correcto preoperatorio y dentro de un plazo de tiempo adecuado.