"El fallo del TS confirma la tolerancia cero con el tráfico de órganos"

La directora de la ONT explica que, a veces, el motivo de la donación no es una causa altruista sino una presión económica. El médico es una pieza clave para denunciar el tráfico ilegal de órganos.

Diego Carrasco. Madrid | 13/11/2017 00:00

Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. (S. E-N.)

Como ya adelantó diariomedico.com la primera sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) que condena a varias personas a penas de cárcel por un delito de tráfico ilegal de órganos ha sido muy bien recibida por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Un fallo pionero que, además, resalta los grandes valores de solidaridad, altruismo y gratuidad que inspiran a la ONT en su labor profesional. En este contexto, Beatriz Domínguez-Gil, directora de la ONT, ha manifestado a DM que "el fallo del TS confirma la tolerancia cero de España con el tráfico ilegal de órganos".

El mensaje que ha transmitido la sentencia de la Sala Penal tiene una enorme importancia porque "avala nuestro marco normativo, tanto lo establecido en el Código Penal como la legislación en materia de trasplantes". En su opinión, el delito de tráfico de órganos, que fue introducido en 2010, "no sólo trata de proteger la salud o la integridad de las personas sino también evitar que éstas por presiones económicas puedan ser cosificadas, tratadas como un objeto de compra y venta".

El comercio de órganos a cambio de dinero es un tema que preocupa mucho a nivel internacional, ya que existen países con una legislación laxa o con vacíos legales que están fomentando el turismo de trasplantes. Recientemente la Asamblea General de Naciones Unidas, a instancia de España, ha aprobado una resolución sobre medidas efectivas para prevenir y combatir el tráfico de personas con fines de extirpación de órganos y turismo de trasplantes.

"La intervención del profesional sanitario es fundamental para detectar y perseguir este tipo de prácticas delictivas”

La directora de la ONT está convencida del papel tan importante que desempeña el médico en la detección y persecución de estas prácticas delictivas, ya que este delito no puede existir sin la participación de un profesional sanitario. De ahí que cuando un facultativo evalúe una pareja de donantes y detecte situaciones irregulares fundadas entre el donante y el receptor deberá poner el hecho en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "A veces, el motivo de la donación no es una causa altruista sino objeto de una gran presión económica".

En este sentido, Domínguez-Gil apunta que las señales de alarma que hacen sospechar al médico de que puede existir una donación retribuida, entre otras, son las siguientes: una relación de pareja poco estable; personas que hablan distintos idiomas; receptores de otros países que vienen a España o donante que tiene una situación social de necesidad extrema.

Otro de los escenarios que se pueden dar es cuando un paciente le comenta a su médico que está pensando comprar un órgano en otro país. En este caso, explica Domínguez-Gil que "el papel del facultativo es disuadir al enfermo de que va a realizar una actividad delictiva; aparte de alertarle de los numerosos riesgos sanitarios que va a asumir con un trasplante (infecciones, rechazo, etcétera)". En este sentido, "el médico también deberá advertirle de que no le está haciendo ningún favor a nadie sino que está colaborando con la explotación de una persona que muy posiblemente se encuentre en una situación de extrema necesidad".

Ahora bien, si finalmente ese paciente se marcha y regresa con el trasplante realizado en otro país, ¿tiene algún tipo de responsabilidad? En principio, podría incurrir en una responsabilidad penal por su origen ilícito. No obstante, el médico deberá notificar a la Policía esta situación. Antes de la reforma del Código Penal de 2010, en España había casos esporádicos de tráfico ilegal de órganos. Después de esa fecha no hay constatación alguna, apunta la directora de la ONT.

Máximas garantías

España goza de un marco legal fuerte para prevenir que este tipo de delito ocurra. Concretamente, en la donación de órganos existen tres filtros muy estrictos, con los que se trata de garantizar el altruismo y la voluntariedad de la donación. El primero es el equipo médico que ve al paciente y al posible donante, donde se realiza la primera toma de contacto y valoración. El segundo es el comité de ética del hospital que analiza cada caso y tiene que dar su aprobación, y el tercero, un juez que tiene que dar fe de que la donación es altruista.

De tal manera que "si existe la más mínima duda o sospecha en cualquiera de los tres filtros, el procedimiento de donación no se lleva a cabo", subraya Domínguez-Gil. Por tanto, "la mejorvacuna contra el tráfico ilegal de órganos es tener una legislación con garantías" para proteger la dignidad humana y sus consecuencias.

"Los pacientes españoles son los que mejor están situados en el ranking mundial para recibir un órgano, ya que la tasa de donación duplica ampliamente la de la Unión Europea y supera en más de 15 puntos la tasa media de Estados Unidos". Esto significa que "nuestros enfermos son los más beneficiados del mundo en el sentido de que no se ven en la necesidad de acudir al mercado negro para comprar un órgano", señala.

Turismo de trasplantes

Según la OMS, el 10 por ciento de todos los trasplantes en el mundo se realizan bajo alguna forma de comercialización, en su mayoría bajo la modalidad de turismo de trasplantes. En este caso, los pacientes que viven en países con insuficiencia de órganos viajan en busca de un trasplante a otros lugares donde la legislación contra la compra-venta de órganos es inexistente o tiene lagunas. Entre otros países, se pueden citar: Egipto, Pakistán, India, Irán, Irak, Filipinas, algunos de América Latina y países del este de Europa.

Domínguez-Gil comenta que "España es pionera en ayudar a otros países, a través de programas de cooperación internacional, a regular con garantías para evitar este tipo de lacra. Se trata de que los países de destino establezcan disposiciones legales que restrinjan el acceso al tráfico ilegal de órganos".

En este sentido, la ONU ha aprobado una resolución en la que se apuesta por la "participación de profesionales de la salud en la identificación y denuncia de delitos sospechosos o confirmados".