lunes, 15 de enero de 2018

‘Puntilla’ política para la fórmula de gestión más disruptiva - DiarioMedico.com

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REVERSIÓN DEL 'MODELO ALCIRA'

‘Puntilla’ política para la fórmula de gestión más disruptiva

Absorber para la gestión directa las concesiones administrativas es el principal objetivo del Gobierno valenciano en sanidad. Hay informes que avalan el modelo, pero la falta de datos imposibilita tomar una decisión basada en la evidencia. El concierto con La Ribera expira este mes de marzo.
Enrique Mezquita/Rosalía Sierra. Valencia/Madrid | rsierra@diariomedico.com   |  15/01/2018 00:00
 
 

Pacto del Botánico
Antonio Montiel (Podemos), Ximo Puig (presidente de la Generalitat, PSPV-PSOE) y Mónica Oltra (Compromís), durante la firma de ampliación del Pacto del Botánico. (Biel Aliño)
Fundaciones, consorcios, empresas públicas, PFI... Muchas han sido las fórmulas ideadas (o importadas) desde finales de los años 80 en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para quebrar la rigidez del modelo de gestión hospitalaria tradicional. Todos tenían algo en común: introducir estrategias de gestión empresarial y derecho privado en la construcción y gestión de los hospitales.
No obstante, en 1999, la Comunidad Valenciana dio un paso más allá, poniendo en marcha el modelo más osado de todos: bautizado como Modelo Alcira por la ciudad valenciana que lo vio nacer, Joaquin Farnós y Antonio Burgueño, entonces consejero de Sanidad y director asistencial de Adeslas, respectivamente, alumbraron una fórmula que entregaba a una empresa concesionaria no sólo la construcción y gestión del hospital, sino también la bata blanca, a la que poco después se sumaría la atención primaria del departamento de salud.
El objetivo era optimizar la eficiencia del nuevo Hospital de La Ribera, estableciendo un sistema de pago capitativo más ajustado que el coste medio por paciente del sistema público y una fórmula de penalizaciones y recompensas en caso de que los pacientes se fueran a otro hospital o llegaran a éste desde otros departamentos.
Esta entrega total de la gestión al sector privado se vio envuelta en una extensa polémica dado que algunos sectores, tanto profesionales y sociales como políticos, vieron en el modelo una privatización de la sanidad, lo que no impidió al Gobierno regional poner en marcha cuatro concesiones más -Denia, Elche-Crevillente, Manises y Torrevieja-.
El paso de los años y algunos estudios que han avalado la eficiencia de las concesiones -incluyendo un informe de la propia Sindicatura de Cuentas valenciana, aunque la falta de información pública sobre el resto de hospitales impide establecer una comparación fiable y objetiva con el modelo tradicional- no han apagado el fuego de la confrontación. Al menos, en el campo político.
Así, desde el minuto uno del Gobierno valenciano surgido del Pacto del Botánico, ratificado en 2015 por PSOE, Compromís y Podemos, la recuperación de la gestión directa de la sanidad privatizada ha sido uno de los principales mensajes que se ha transmitido desde el Ejecutivo regional, en especial en boca del presidente, Ximo Puig, y la consejera de Sanidad, Carmen Montón.
Este lema, un compromiso electoral de los partidos gobernantes, ha marcado en gran medida el devenir de los temas político-sanitarios de la Comunidad Valenciana en los dos últimos años... y lo que queda.
Pero, ¿cuál es la situación actual de este proceso? La punta de lanza es, sin duda, la reversión de los cinco departamentos gestionados bajo el régimen de concesión administrativa. En concreto, el Gobierno lleva tiempo trabajando con la intención de revertir dos concesiones antes de finalizar esta legislatura: La Ribera y Denia.

Menos de tres meses

Respecto al primer departamento, el concierto expira el 31 de marzo de 2018 y, un año antes, Sanidad remitió a la empresa concesionaria, Ribera Salud, los documentos que certificaban la decisión de no prorrogarlo, además de las normas encaminadas a la reversión del servicio público de asistencia sanitaria integral, así como del personal e instalaciones, equipamientos, inversiones y demás elementos vinculados con dicho servicio.
Ante esta situación, Ribera Salud, que siempre ha defendido que en el contrato se incluye tácitamente una prórroga adicional de cinco años si ninguna de las partes motiva la decisión de no continuar después de los quince años previstos -que empezaron a contar a partir del rescate de 25 millones de euros y readjudicación a que se vio obligado en 2003 el Gobierno regional por la baja rentabilidad de la concesión-, inició un proceso judicial para atajar el proceso.
Gracias a ello, consiguió un retraso de mes y medio en los plazos de entrega de la documentación requerida por Sanidad, pero el TSJ de Valencia rechazó la suspensión cautelar del proceso de reversión.
En estos momentos, Ribera Salud está a la espera de otro recurso que sí entra en el fondo de la cuestión, mientras incluso ha presentado un Plan Estratégico 2018-2028 para ese departamento.
Según Javier Palau, gerente del Departamento de Salud de La Ribera, "consideramos que, tras 20 años de gestión, es ajustado a derecho solicitar la prórroga que contemplaba el contrato porque es lo mejor para los 250.000 habitantes de La Ribera. Nuestro modelo aporta mejores estándares de calidad, satisfacción y eficiencia como demuestra el Informe de la Sindicatura de Cuentas encargado por la propia Consejería de Sanidad. ¿Qué ejemplo está dando este gobierno si da igual que la empresa que gestiona un servicio público lo haga bien o lo haga mal porque el resultado es el mismo? Con esta actitud de primar sectarismo sobre resultados se están rompiendo las reglas básicas de la colaboración entre empresas y Administración".
En su opinión, "se está pervirtiendo el modelo público-privado y, lo que es peor, se pone en riesgo la calidad del servicio que reciben los ciudadanos bajo estas fórmulas de colaboración tan implantadas en numerosos sectores además de sanidad, como la gestión del agua, infraestructuras o servicios municipales".
Asimismo, el gerente de La Ribera ha afirmado que, "como un ejercicio de responsabilidad, e independientemente de quién vaya a gestionar la sanidad de la comarca a partir de abril de 2018, hemos presentado un Plan Estratégico 2018-28 que contempla una inversión anual de 7,2 millones de euros en infraestructuras, tecnología, primaria y transformación digital, frente a los 3 millones que contemplan los Presupuestos de la Generalitat para La Ribera".

¿Y los profesionales?

Entre las cuestiones más candentes al respecto, se encuentra el encaje de los profesionales de La Ribera. Sanidad anunció que se asumiría al personal laboral como trabajadores indefinidos no fijos y que éstos podrían incluso jubilarse en su puesto de trabajo, pero hay voces que ponen en duda esta figura y ven un agravio comparativo con el personal estatutario.
Para Palau, "nuestros profesionales se mueven entre la perplejidad y la incertidumbreporque ven cómo se pone en riesgo una serie de ventajas que tienen actualmente, como mayores retribuciones salariales, mayor índice de indefinidos que en la gestión pública, numerosas medidas de conciliación personal y laboral, un convenio colectivo firmado por todos los sindicatos, etc. Y, por otra parte, se anuncia la figura de personal a extinguir para su subrogación a la gestión pública, una figura que genera controversia entre expertos y juristas y que, por mucho que se diga, si aparece una Oferta Pública de Empleo obligaría a opositar a nuestros profesionales, la mayoría de ellos con 20 años de experiencia en el departamento".

Denia

En relación a la recuperación de La Marina Alta-Denia, con contrato vigente hasta 2024, las conversaciones con DKV, la principal accionista de la concesión sanitaria, llevan produciéndose desde hace un tiempo, aunque siempre se han manejado con bastante hermetismo por ambas partes.
En esta misma línea, tanto las fuentes de DKV como de Sanidad consultadas por Diario Médico no dan muchas pistas en relación al proceso.
Los primeros apuntan que "nos llamó en su día el Gobierno Valenciano para hacernos cargo de la concesión de Denia. Asumimos esa responsabilidad y estamos dando un servicio de calidad a la comarca, con unos profesionales ilusionados y motivados por dar lo mejor de sí cada día".
Por su parte, fuentes de Sanidad señalan que "con DKV se mantienen contactos de forma regular para ir avanzando en el objetivo del control público en este departamento. Las conversaciones siguen abiertas con el propósito conjunto de alcanzar una solución que resulte satisfactoria para ambas partes".
Lo que está claro es que este proceso de reversión ha hecho un flaco favor a la innovación en materia de gestión sanitaria en el SNS, dado que en los últimos años no se ha avanzado apenas en esta materia. De hecho, según afirma Roberto Nuño, director del área de Salud en Deusto Business School, se ha producido el efecto contrario: "Cada vez se vuelve más al derecho administrativo y a sus márgenes estrechos".

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