El Defensor del Pueblo urge a cambiar el copago y reforzar la salud mental

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este lunes en el Congreso y el Senado su informe anual, que urge a cambiar el copago de medicamentos para facilitar el acceso a fármacos a colectivos vulnerables y a reforzar la dotación para salud mental. Recuerda que la recuperación económica no lleva implícita una reducción de la desigualdad generada por la crisis.

Laura G. Ibañes | 19/03/2018 11:52

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, recibe el informe del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. ()

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este lunes en el Senado y en el Congreso su informe anual, que recoge la actividad de esta institución en 2017. El informe constata que el pasado año se recibieron 24.976 quejas, se realizaron 760 investigaciones de oficio y se tramitaron 40 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad.En sanidad se tramitaron 554 expedientes (37 de ellos de oficio), menos de la mitad que el pasado año.

En materia de sanidad, el Defensor del Pueblo afirma que "los ciudadanos se quejaron de la carencia de servicios o especialidades, la falta de medios personales y materiales y los problemas en edificios e infraestructuras". El año pasado, además, la Institución se interesó por las listas de espera para la realización de pruebas, consultas externas e intervenciones quirúrgicas, así como sobre el copago.

En este sentido, el Defensor del Pueblo, ha recomendado al Ministerio de Sanidad que modifique la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, "para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan".

Concretamente, el informe asegura que "en la reforma del sistema de contribución a la prestación farmacéutica la determinación del nivel de ingresos de los usuarios debe ajustarse lo más posible a su capacidad económica real y actual, a cuyo efecto ha de definirse un procedimiento adicional al de consulta de los datos tributarios. Han de fijarse nuevos tramos de renta y sus correspondientes porcentajes de aportación armacéutica, reduciendo la amplitud de los actuales tramos, en coordinación con la Administración de Hacienda, y tomando en cuenta las variables que ofrece la información estadística oficial sobre renta disponible de los ciudadanos".

Asimismo, el Defensor del Pueblo recomienda sobre el copago "la exención en la aportación farmacéutica o la aplicación de un porcentaje mínimo a personas con discapacidad no exentas por otros supuestos; personas con ingresos económicos de cualquier naturaleza que no superen un umbral mínimo a determinar en función de los indicadores de riesgo de pobreza; grupo de pacientes con enfermedades crónicas severas, con especial referencia a los menores de edad, incluidas las enfermedades raras o poco frecuentes, las enfermedades degenerativas y las patologías oncológicas". La lista de supuestos de exención de copago debería incluir en su opinión además "una remisión a la apreciación de circunstancias excepcionales por parte de la Administración competente que permita el reconocimiento individualizado de este beneficio".

El Defensor recomienda también a Sanidad que realice un informe sobre le impacto que ha tendio el cambio en el copago en ahorro para el sistema y en calidad de la prestación y afirma que el Ministerio de Sanidad, "en una reciente contestación de febrero de 2018, elaborada por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, aunque no por la titular ministerial, parece admitir la posibilidad de revisar los tramos de renta y de estudiar un posible umbral mínimo de exención, pero sin fijar compromisos; también plantea realizar un estudio de impacto del copago sobre el gasto farmacéutico, sin referencia a los riesgos asociados a la calidad de la prestación, como la pérdida de adherencia a tratamientos farmacológicos. El resto de las recomendaciones [que realizó el Defensor del Pueblo a Sanidad] no son aceptadas".

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha analizado también en especial la actuación de las Administraciones en atención a la salud mental, donde dice haber constatado "la insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales que se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente".

Otras actuaciones destacadas en el ámbito sanitario tuvieron que ver con la falta de suministro de algunos medicamentos, disfunciones y retrasos en el transporte sanitario y atención a las personas celiacas.

Impacto de la crisis

Por otra parte, el Defensor ha incluido en su informe un análisis de las consecuencias de la crisis económica en la aplicación de los derechos sociales. En este sentido, el Defensor afirma que "las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis han originado un pozo de desigualdad sin precedentes y han dañado al entramado institucional y a la cohesión social". Por ello, dice preocuparle que "el mantenimiento de dichas políticas aumente la pobreza más severa y enquiste la desigualdad". Además, según advierte, "es un error suponer que cuando se sale de la crisis se reduce por sí sola la desigualdad" y asegura que "esta lacra solo podrá corregirse si se lleva a cabo una política activa y decidida de redistribución de la renta.

" En este sentido, el informe advierte de que el gasto sanitario público cayó entre 2009 y 2016 en 5.341 millones de euros y afirma este retroceso "no se ha compensado con nuevas políticas sociales, ni con mejoras de las ya existentes. Por ello, y para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales, es necesario reformar de manera urgente el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas".

Además, en materia de dependencia, afirma que "la crisis económica y las medidas adoptadas frente a la grave situación financiera y presupuestaria de las Administraciones Públicas también han dificultado la implantación de la Ley de Dependencia". En su opinión "es necesario mejorar el sistema de financiación actual y garantizar la incorporación de las personas en espera. Igualmente, hay que lograr la recuperación y sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y que los esfuerzos financieros de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas sean equivalentes".

Sanidad penitenciaria

Por otra parte, el informe hace referencia a la sanidad penitenciaria. Sobre ella recuerda que "en 2004, es decir, hace 13 años, comenzó la tramitación del presente expediente y no se han apreciado avances, excepción hecha de la transferencia de competencias al País Vasco, lo que ha llevado de forma continuada a recordar a la Administración la necesidad de que se aborde decididamente este problema".

En este sentido, el defensor insiste en que "entretanto no culmine el proceso de transferenci, se debe proceder a la renovación de los convenios con las comunidades autónomas en esta materia, en aras de una mayor seguridad jurídica y garantía de asistencia a las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios". La Administración penitenciaria sin embargo ha informado al Defensor del Pueblo de que "se trata de un problema que se encuentra bloqueado y no se llega a acuerdos", por lo que el Defensor asegura que "habrá de explorar con carácter urgente si debe ser abordado en un ámbito de decisión superior".